Incendios sin control y montes desprotegidos: los bomberos forestales se movilizan en Madrid contra la «nefasta gestión» del Plan INFOMA

El próximo 17 de septiembre, las inmediaciones de la Asamblea de Madrid acogerán una concentración de protesta convocada por el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBCM). La movilización coincidirá con la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo Piris, para rendir cuentas sobre el desarrollo del Plan INFOMA 2026.

La convocatoria, prevista de 10:30 a 13:00 horas frente a la puerta del Parlamento regional (Av. de Pablo Neruda, 142), busca exigir responsabilidades políticas ante lo que califican como una situación límite marcada por la falta de prevención y el abandono institucional.

Prevención testimonial y servicio bajo mínimos operativos

Durante la protesta, el colectivo denunciará que la política forestal del Ejecutivo madrileño mantiene los montes de la región en una situación de extrema vulnerabilidad. Según los datos aportados por el comité, la Comunidad de Madrid no llega a realizar labores de prevención ni en el 1,5% del territorio forestal y se sitúa como la única autonomía del país que prescinde de la contratación anual de sus bomberos forestales públicos.

«La Comunidad de Madrid no llega a realizar labores de prevención ni en el 1,5% del territorio forestal regional, siendo la única autonomía de España que deja a sus bomberos forestales públicos sin estar contratados todo el año.»

A esta escasa labor preventiva se suma un déficit operativo alarmante. De las 124 plazas presupuestadas para la extinción, solo 60 efectivos permanecen en activo debido a la degradación de las condiciones laborales y la dejadez institucional. Esto se traduce en una pérdida diaria de 32 efectivos, el equivalente a ocho dotaciones completas menos sobre el terreno.

Riesgo laboral y vulneración de la seguridad

El malestar del personal laboral va más allá de la dotación de recursos, señalando directamente graves negligencias que comprometen la integridad física de las plantillas:

• EPIs sin trazabilidad: Falta de control en los lavados y en los procesos de descontaminación de los trajes de protección (EPI U1), lo que impide garantizar su resistencia térmica frente a las llamas.

• Material caducado: Uso prolongado durante más de tres años de semimáscaras respiratorias que ya habían superado su vida útil técnica.

• Déficit formativo: Inexistencia de la formación preceptiva en Prevención de Riesgos Laborales sobre el mantenimiento de los equipos, una situación que ya ha derivado en actuaciones ante la Inspección de Trabajo y la vía judicial social.

• Falta de reconocimiento: Accidentes graves —como el golpe de calor que mantuvo tres días en la UCI a un efectivo tras el incendio de Aranjuez o el atrapamiento de una dotación en Herradón de Pinares— que no se ven compensados con pluses de peligrosidad, penosidad o toxicidad.

Más de 835 días de bloqueo negociador y falsedad profesional

La protesta también pone el foco en el enquistamiento del conflicto laboral. Tras 1.218 días de huelga indefinida, el comité denuncia que la Consejería lleva más de 835 días negando una negociación real bajo la excusa del derecho a huelga, contrastando esta actitud con los acuerdos alcanzados en empresas públicas como TRAGSA.

Asimismo, el colectivo lamenta el incumplimiento continuado de la Ley Básica 5/2024. La administración autonómica se niega a registrar formalmente la categoría profesional de Bombero Forestal (593-2), manteniéndoles bajo epígrafes erróneos e insólitos como «conductores asalariados de taxis y furgonetas» o «mantenedores de edificios». Con ello, denuncian, se elude tanto la identidad profesional como el reconocimiento legal de los riesgos, las condiciones específicas del sector y las enfermedades profesionales asociadas.

Con el lema «¡La ley se cumple, las mejoras se negocian!», el Comité de Huelga hace un llamamiento a la ciudadanía y a los medios de comunicación para respaldar la concentración y exigir transparencia y seguridad en la defensa de los espacios naturales madrileños.