En el discurso oficial de Pedro Sánchez, la vivienda es «el quinto pilar del Estado del bienestar». El presidente ha defendido con insistencia su compromiso con el “derecho a un hogar digno”, presentando nuevas medidas, un PERTE de Vivienda en Valencia, y un plan estatal 2026-2030 que —según Moncloa— “movilizará miles de viviendas públicas y rehabilitará barrios enteros”. Sin embargo, la distancia entre anuncio y ejecución es cada vez más insalvable: la política de vivienda socialista no ha logrado ni construir lo prometido ni aliviar la tensión del mercado. En términos claros, Sánchez ha confundido la propaganda con la gestión.
Un balance desolador
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, se ha convertido en un instrumento fallido. A día de hoy, han desaparecido 120.000 pisos del mercado del alquiler y los precios se han disparado más de un 25% en dos años. Las medidas de control de rentas, lejos de beneficiar a los inquilinos, provocaron la retirada masiva de viviendas por miedo a la inseguridad jurídica. El resultado: menos oferta, más competencia y alquileres imposibles. Los jóvenes, a quienes el Ejecutivo prometió una “generación emancipada”, son hoy los grandes perdedores.
A este desastre se suma una ejecución presupuestaria ridícula: solo se ha gastado el 32% de lo previsto en vivienda, dejando en el cajón 5.500 millones de euros. De las 184.000 viviendas anunciadas con fanfarrias electorales, apenas se han construido 10.000. Ni el “blindaje de la vivienda protegida”, ni la “empresa pública de vivienda” han tenido un impacto visible. El mercado sigue tensionado, el déficit supera las 600.000 viviendas y España continúa siendo el país europeo con menos parque público residencial.
Un modelo sin consenso
Incluso dentro del Gobierno la tensión es evidente. Sumar, socio de coalición, ha acusado a la ministra Isabel Rodríguez de haber «vacío de contenido» la política de vivienda y de “jugar con la desesperación de los jóvenes”. Fuera de Moncloa, la desconfianza es total: solo cinco comunidades —Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias— apoyaron el plan estatal. Ocho autonomías han recurrido la ley por invadir competencias urbanísticas. El resultado es una política fracturada, centralista e ideologizada, que ignora las realidades territoriales y las necesidades del ciudadano medio.
Populismo inmobiliario
Sánchez no ha aprendido de sus errores. Insiste en intervenir precios, prometer viviendas imposibles y cargar culpas sobre terceros —bancos, fondos o especuladores— mientras su propia administración paraliza licencias y posterga inversiones. La vivienda, convertida en arma electoral, revela el agotamiento de un modelo de gobierno que prefiere controlar el mercado antes que dinamizarlo.
En última instancia, su “derecho a la vivienda” se ha transformado en una consigna hueca. Las generaciones jóvenes siguen atrapadas en alquileres abusivos, las clases medias asfixiadas por hipotecas y los propietarios inseguros ante normas cambiantes y ocupaciones crecientes. El sueño del hogar propio se desmorona entre titulares ministeriales y presupuestos sin ejecutar.
Paradoja: un país sin espacio para vivir
La política de vivienda de Sánchez se resume en una paradoja: nunca se habló tanto de vivienda, y nunca fue tan difícil acceder a una. Si el Gobierno no revisa su enfoque —apostando por seguridad jurídica, colaboración público-privada y simplificación urbanística— terminará dejando a España como una nación que habla del derecho a una casa, pero donde cada vez menos pueden vivir en una.
Los efectos de la política de vivienda en jóvenes y familias
La política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido efectos negativos significativos sobre jóvenes y familias, lejos de solucionar la dificultad de acceso se han recrudecido problemas estructurales como el precio y la falta de oferta.
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Efecto sobre los jóvenes
El acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales frustraciones de los menores de 35 años, con solo el 19% logrando acceder a una vivienda frente a un 39% que lo intenta. Las ayudas recientemente anunciadas, como los 30.000 euros para el alquiler con opción a compra y hasta 10.800 euros para la compra en zonas rurales, aún no han revertido el grave desequilibrio entre oferta y demanda, ni han tenido impacto real en la emancipación de los jóvenes. De hecho, más de la mitad de los jóvenes precisa ayuda familiar, lo que agrava la brecha de desigualdad y retrasa planes vitales como emancipación y maternidad. La ansiedad y el desgaste emocional por la imposibilidad de acceder a una vivienda se han instalado entre la juventud.
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Impacto en las familias
Las familias destinan entre un 30% y un 50% de sus ingresos al pago de vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, provocando un fuerte impacto sobre su capacidad de ahorro y consumo. El control de precios implementado por la ley ha reducido radicalmente la oferta de alquiler —en algunas zonas hasta en un 50%—, lo que aumenta la competencia y la tensión sobre los precios en las grandes ciudades. Muchas familias se ven forzadas a compartir vivienda o a posponer decisiones vitales como tener hijos debido a la imposibilidad de encontrar una residencia asequible.
Consecuencias estructurales
- Reducción de la oferta: Los topes al alquiler han retraído a muchos propietarios, aumentando listas de espera y dificultando encontrar vivienda.
- Brecha generacional y desigualdad: Solo quienes cuentan con apoyo familiar pueden sortear el mercado, ampliando la desigualdad social.
- Emigración interna: Las nuevas ayudas incentivan zonas rurales pero tienen impacto limitado en el grueso de demandantes, que siguen en áreas urbanas tensionadas.
- Aplazamiento vital: La crisis habitacional obliga a retrasar emancipación, ahorro, y maternidad/paternidad, afectando el ciclo demográfico y el desarrollo personal.
En resumen, la política de vivienda aplicada no ha conseguido aliviar las dificultades de acceso para jóvenes y familias, con un efecto real de mayor exclusión, precariedad vital y perpetuación de las desigualdades sociales.
