En nuestra sociedad conviven personas, que por sus circunstancias, necesitan apoyos para su inclusión, prevenir la exclusión, y sobre todo, que dispongan de una vida digna y de calidad.
La antropóloga Margaret Mead consideró que la civilización comienza, cuando alguien se tomó el tiempo, para cuidar a una persona, en un momento vulnerable. Este acto de cuidado, según Mead, fue el punto de partida de la civilización.
Este acto de nuestros ancestros, se ha convertido en nuestra época en un negocio. Nuestro modelo de sociedad, junto a una mayor esperanza de vida, y nuevos paradigmas de atención, junto a un modelo productivo, que dificulta la atención por parte de las familias. Familias más reducidas en la actualidad, y comunidades más disgregadas, conlleva el delegar de la atención de las personas, con alguna dependencia, al estado, en cualquiera de las administraciones.
Está delegación supuso la creación de los servicios sociales, y el sistema de la dependencia.
Pero el desarrollo de los servicios se delegan en empresas privadas. Empresas, dentro de un modelo liberal de economía, que buscan obtener el máximo beneficio económico.
Este fin empresarial entra en conflicto con la atención adecuada a los conciudadanos, que viven una vulnerabilidad. Puesto que los servicios de la dependencia no son económicos. Suponen un coste alto, si priorizamos la calidad en la atención.
Son servicios que implican pagar un sueldo digno, a los distintos profesionales, contratar el número de profesionales necesarios, para las necesidades reales, de las personas atendidas, disponer de materiales adecuados, para cumplir con la calidad del servicio.
Porque un servicio de calidad, implica una atención integral e individualizada, que permita vivir dignamente. Es respetar los derechos de las personas atendidas. Incluso en deterios cognitivos.
Y precisamente la defensa de la humano, de lo que nos hace humanos, aunque vivamos una vulnerabilidad, no es compatible con el concepto, de mínimo coste, máximo beneficio, que rige las empresas liberales.
Puede ser viable produciendo objetos, pero en servicios sociosanitarios, que exigen atender aseos, alimentos, educación, ocio, vestirse, sanidad, y otros aspectos de la cotidianidad de la vida, la mínima inversión y el máximo beneficio, afecta a escasez de personal, calidad de alimentos, escasez de material para el ejercicio profesional, sueldos indignos, desmotivación, personal no formado correctamente y así hasta la perdida de calidad en la atención, y por lo tanto una perdida de calidad de vida.
Y hoy en día entos servicios, han entrado fondos buitres, personas adineradas, que ven un negocio lucrativo, en lugar de un servicio esencial, y el ejercicio de derechos individuales.
Todo esto con la connivencia de las administraciones públicas, promoviendo la gestión privada de estos servicios públicos. En lugar de gestionarlo, desde el ejercicio de una obligación, donde no quepa lo lucrativo, ni el derroche, sino la prioridad de dar un servicio público de calidad, con profesionales preparados, en números necesarios, pagados dignamente, con jornadas laborales adecuadas, y con adecuados recursos materiales, con el que respetar los derechos reconocidos.
En caso contrario surgirá problemas de aseo, mala alimentación, casos de maltrato, que se ocultan, y un trato frío, cuál si fuesen objetos que producir.
