El alcalde, Fulgencio Cerdán, califica de «política deshumanizada» la reclamación de 12.000 euros en intereses a AFAVI y los recortes que amenazan la supervivencia de entidades como APAC.
La situación de las entidades sin ánimo de lucro en Villena ha llegado a un punto crítico. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, junto a las diputadas autonómicas Charo Navalón y Silvia Gómez, se ha reunido de urgencia con las directivas de la Asociación de Familiares de Afectados de Alzheimer (AFAVI) y la Asociación Comarcal de Personas Afectadas de Cáncer (APAC) para abordar lo que consideran una ofensiva financiera por parte de la Generalitat Valenciana.
El detonante principal de este encuentro ha sido la reciente reclamación de la Conselleria a AFAVI: el pago de 12.000 euros exclusivamente en concepto de intereses de demora por una subvención que la asociación ya había reintegrado previamente.
«Falta de sensibilidad» y riesgo de cierre
Para el primer edil villenense, esta maniobra no es un caso aislado, sino parte de una «política deshumanizada» que pone en riesgo la actividad de asociaciones esenciales. Cerdán comparó la situación de AFAVI con la que atraviesa el propio Ayuntamiento respecto al Contrato Programa de Servicios Sociales, donde el Consell también mantiene reclamaciones de intereses contra las arcas municipales.
“Estas entidades están padeciendo problemas de financiación que las abocan al cierre y dejan a sus beneficiarios en la más absoluta desprotección”, denunció el alcalde, ofreciendo todos los recursos municipales para que AFAVI pueda defenderse de lo que calificó como una “afrenta del Consell”.
La situación de APAC no es más alentadora. La asociación ha sufrido recortes en las prestaciones tanto de la Generalitat como de la Diputación de Alicante, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Villena a realizar aportaciones adicionales de emergencia para evitar el cese de sus servicios a pacientes oncológicos.
Un frente común en las Cortes Valencianas
La estrategia de defensa no se limitará al ámbito local. Las diputadas autonómicas Charo Navalón y Silvia Gómez han anunciado que trasladarán esta problemática a las Cortes Valencianas.
Navalón fue especialmente crítica con la gestión del Contrato Programa de Servicios Sociales, asegurando que se está ejecutando de manera «pésima» y que la modalidad de pago —que calificó de «tarde y mal»— está asfixiando a los municipios. Además, advirtió que los cambios en la Ley de Servicios Sociales y la política de recortes del actual Consell dejarán en el aire la construcción de 17 infraestructuras sociosanitarias previstas en la provincia de Alicante.
El consistorio y las asociaciones afectadas exigen una rectificación inmediata para evitar que la burocracia y la presión recaudatoria de la Generalitat acaben destruyendo el tejido asociativo que sostiene a los colectivos más vulnerables de la comarca.
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