La electricidad no es un lujo, es una necesidad básica. Sin embargo, miles de familias españolas afrontan cada mes facturas que desbordan economías ya castigadas por la inflación, las hipotecas y unos salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida. Mientras la energía se convierte en un bien imprescindible, su precio sigue siendo, para muchos hogares, sencillamente un lujo inasequible.
El precio de la electricidad en España se fija en el mercado mayorista gestionado por Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), bajo un sistema llamado “marginalista”.
El mecanismo es el siguiente: las distintas generadoras —nuclear, hidráulica, eólica, solar o gas— ofertan su energía para cada hora del día. Se ordenan de más barata a más cara y se van aceptando hasta cubrir la demanda: La última tecnología necesaria para cubrir esa demanda, normalmente el gas, fija el precio para todas. Es decir, aunque una parte importante de la electricidad se produzca a costes muy bajos, toda se paga al precio más alto.
¿Es razonable que la energía producida a 20 o 30 euros el megavatio hora se cobre a 120? ¿Es justo que tecnologías ya amortizadas obtengan beneficios extraordinarios simplemente porque el gas se encarece? La respuesta es clara , NO.
El modelo marginalista traslada automáticamente al conjunto del sistema el coste de la fuente más cara, generando distorsiones evidentes y beneficios caídos del cielo para determinadas tecnologías
Este sistema carece de toda lógica, porque la electricidad no es un bien cualquiera. No hablamos de un producto de lujo ni de un servicio prescindible. Hablamos de calefacción, de conservar alimentos, de pequeñas empresas que dependen de la luz para abrir cada día, de pensionistas que no pueden elegir “no consumir” cuando el precio se dispara.
Nuestra propuesta es sencilla y basada en la pura lógica social: que el precio final refleje una media ponderada de los costes reales de las distintas fuentes energéticas. Si en una hora determinada el 40% procede de renovables de bajo coste, un 30% de nuclear ya amortizada y solo un 30% de gas, el precio debería calcularse mediante una media ponderada de esos costes, no por el más caro de todos.
Este modelo tendría varias ventajas claras. 1º, reduciría la ruina que sufren algunas familias y empresas. 2º, ajustaría el precio a la realidad productiva del país. 3º, evitaría beneficios desproporcionados que nada tienen que ver con la producción eléctrica.
Si queremos un sistema energético sostenible, también debe ser socialmente justo. Y eso empieza por fijar precios que reflejen la realidad del conjunto, no el coste más alto del último megavatio necesario.
Y entre tanto, hay pensionistas que apagan la calefacción, familias que miran el contador como si fuera una bomba de relojería y autónomos que trabajan para pagar la luz que les permite trabajar.
La electricidad no es un lujo. No es un capricho. No es un producto gourmet de mercado financiero. Es un signo de dignidad.
Y cuando un país convierte la dignidad en subasta diaria, el problema no es el precio del megavatio, el problema es quién decide cuánto vale la vida de la gente.
Esta noche, cuando usted llegue usted a su casa y pulse el interruptor, la luz se encenderá en medio segundo. Lo que no se ve es todo lo que hay detrás: mercados, fondos, decisiones políticas y silencios muy caros.
Pero hay algo más potente que cualquier megavatio:
LA CONCIENCIA DE QUE UN PAÍS DECENTE NO DEJA A SU GENTE A OSCURAS. Y EL GOBIERNO DEBIERA INTERVENIR PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE CÁLCULO DE PRECIOS DE LA ENERGÍA, PORQUE ESA ENERGÍA SÍ DEPENDE DE NOSOTROS.
