La nueva fractura social se consolida en Castilla-La Mancha mientras el discurso del bienestar se desdibuja entre cifras alarmantes y silencios institucionales.
El IX Informe FOESSA 2025, elaborado por Cáritas Española, ha vuelto a situar frente al espejo a una región que, pese a su aparente estabilidad, muestra una profunda vulnerabilidad social. Los datos son contundentes: una de cada cinco personas en Castilla-La Mancha vive en exclusión social, y el 8 % de los hogares se encuentra en situación de exclusión severa. La pobreza no solo se extiende, sino que se enquista en el territorio, generando una brecha estructural difícil de revertir.
El trabajo ya no garantiza la integración
El nuevo rostro de la pobreza en Castilla-La Mancha no es el del desempleado crónico, sino el del trabajador empobrecido. Empleos precarios, salarios bajos, temporalidad y altos costes de vida han roto el viejo pacto entre esfuerzo y prosperidad.
FOESSA describe una realidad en la que el empleo deja de ser una puerta de salida. Jóvenes con contratos intermitentes, autónomos sin margen y familias que alternan ayudas públicas con trabajos informales integran una nueva clase trabajadora en riesgo constante de exclusión.
La región, dependiente de un modelo productivo basado en el empleo público, la agricultura estacional y el pequeño comercio, no logra consolidar una economía inclusiva. El crecimiento no se traduce en cohesión; se queda atrapado en la estadística.
La geografía del abandono
Castilla-La Mancha se divide hoy entre dos realidades.
En Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, el deterioro del tejido rural se combina con el envejecimiento y la despoblación. Son zonas donde la exclusión social convive con el silencio administrativo, sin trenes, sin médicos de guardia y sin alternativas industriales.
Por su parte, en Toledo y Albacete emergen nuevos focos de pobreza urbana y juvenil, marcados por el coste de la vivienda, la inflación y la soledad de los hogares monoparentales.
El resultado es un territorio a dos velocidades: la Castilla-La Mancha que accede a la digitalización y la movilidad, y la que queda atrapada en el inmovilismo y el olvido institucional.
El laberinto del Estado social
El informe FOESSA denuncia un agotamiento del modelo asistencial autonómico. Aunque la Junta presume de inversión social, la red pública de protección resulta insuficiente. Las ayudas llegan tarde o mal, los servicios sociales locales están desbordados y los programas de inserción se diluyen entre convocatorias.
Se ha impuesto una burocratización del sufrimiento: expedientes que sustituyen acompañamientos, formularios que aplazan soluciones. Cáritas advierte que las políticas actuales paliarán la pobreza, pero no la transformarán, mientras los hogares vulnerables siguen atrapados entre la dependencia y la resignación.
Una pobreza que se hereda
El estudio de FOESSA revela que uno de cada tres jóvenes que crecen en hogares en exclusión repite el patrón de vulnerabilidad. La movilidad social se ha detenido, y el origen familiar vuelve a ser destino.
Los mecanismos de ascenso —educación, empleo, vivienda— se debilitan. En Castilla-La Mancha, el futuro se ha encogido: los hijos tienen menos oportunidades que sus padres.
Esta pobreza intergeneracional no solo refleja un fracaso económico, sino también una crisis moral del sistema, que ha naturalizado la precariedad como si fuera un efecto colateral inevitable del progreso.
Castilla-La Mancha como espejo de España
La región encarna la paradoja nacional: un país que crece en PIB pero retrocede en cohesión.
Según FOESSA, el 20,8 % de la población española vive en exclusión social, y las diferencias entre comunidades se agrandan. En Castilla-La Mancha, donde el territorio es más frágil, la pobreza se siente más cerca, más cruda y más solitaria.
El abandono del medio rural, la falta de tejido industrial y la dependencia de subvenciones condenan a amplias zonas a una economía de subsistencia subvencionada. Si no se adoptan medidas estructurales —inversión productiva, vivienda asequible y políticas activas de empleo—, la región corre el riesgo de convertirse en la periferia social de España.
Una llamada ética y política
El IX Informe FOESSA no es un documento técnico: es una advertencia. Nos recuerda que la exclusión social no se mide solo en renta, sino en dignidad, vínculos y oportunidades.
Castilla-La Mancha necesita un nuevo contrato social que combine justicia redistributiva, innovación y equidad territorial.
Porque detrás de cada cifra hay una historia que interpela a todos.
La pobreza no se combate solo con ayudas, sino con decisiones políticas valientes y una ética pública que ponga la vida en el centro.
La región que un día simbolizó el esfuerzo y la solidaridad no puede permitirse ahora convertirse en un paisaje de resignación.
Juan Andrés Buedo
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología
