La administración local tiene en sus manos la posibilidad de adquirir el inmueble de la calle Sarmiento por un precio inferior a los 15.000 euros por vivienda, evitando así el desahucio masivo de decenas de familias.
MANILVA | El derecho a la vivienda en Manilva se juega esta semana en los despachos del consistorio. Tras la reunión mantenida el pasado viernes 9 de enero entre la Gerencia de Urbanismo y las familias amenazadas de desahucio, la presión social —encabezada por los vecinos y la plataforma PAH Chiclana— ha puesto sobre la mesa una solución jurídica viable: el ejercicio del Derecho de Retracto Preferente.
El objetivo es claro: rescatar las 62 viviendas situadas en la calle Sarmiento nº 2, actualmente en manos de la mercantil SPV REOCO 3 S.L.U., calificada como «gran tenedor» o «fondo buitre».
El marco legal: Una herramienta contra la emergencia
A pesar de tratarse de viviendas de renta libre, la reciente normativa andaluza (Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía y el BOE-A 2026-423) faculta a los ayuntamientos para intervenir en transmisiones derivadas de ejecuciones hipotecarias. El punto clave reside en que la adjudicación en subasta se realizó sin la notificación previa necesaria a la Administración, lo que abre una ventana legal para que el municipio «iguale» la oferta y se quede con la propiedad.
Una operación económicamente imbatible
Las cifras de la operación resultan sorprendentes. Según los registros oficiales de la subasta celebrada en mayo de 2023, la mercantil se adjudicó el lote por un total de 918.075,28 euros. Esto significa que el Ayuntamiento podría adquirir cada vivienda por menos de 15.000 euros, un precio ínfimo comparado con el valor de mercado actual.
De ejecutarse esta partida presupuestaria, el municipio no solo evitaría un drama humano, sino que incorporaría de golpe 62 inmuebles a un parque público de alquiler social, transformando lo que hoy es una amenaza de desahucio en una solución habitacional permanente.
Carrera contra el reloj y la «mala fe»
La situación es crítica. La propiedad se ha negado a renovar los contratos de alquiler y pretende ejecutar los desahucios «a las bravas». Ante esto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento deben actuar con celeridad para:
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Convocar un Pleno Municipal inminente para aprobar el ejercicio del retracto.
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Anotar un Mandamiento Preventivo en el Registro de la Propiedad, bloqueando cualquier intento del fondo buitre de revender los pisos a terceros para encarecer el proceso.
El contraste: Lujo de ladrillo vacío
Mientras las familias de la calle Sarmiento temen perder su hogar, el municipio de Manilva sigue sufriendo la paradoja de contar con cientos de pisos abandonados, bloques tapiados y promociones ruinosas que no cumplen ninguna función social.
La decisión política que tome el equipo de gobierno en los próximos días determinará si Manilva apuesta por proteger a sus vecinos o si permite que el patrimonio inmobiliario del pueblo siga siendo objeto de especulación financiera.
«Solo se trata de encajar la emergencia habitacional y tener la voluntad política de cumplir la ley», afirman desde los colectivos sociales, quienes esperan que el Ayuntamiento actúe antes de que sea demasiado tarde.
