La constructora reclama 700.000 euros para reforzar las vigas, frente a los 20.000 euros que estima la Dirección de Obra.
La Concejalía de Obras Municipales inicia un proceso de análisis que podría derivar en sanciones o incluso la anulación del contrato.
La rehabilitación del emblemático Palacio Consistorial, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra paralizada indefinidamente debido a un «incomprensible» conflicto de intereses y cuantificación entre la empresa constructora y la dirección de obra. El Ayuntamiento de [Nombre de la Ciudad/Localidad] ha intervenido en la disputa, anunciando la apertura de un proceso de análisis que podría culminar en la aplicación de sanciones o la rescisión contractual.
El concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, confirmó la situación, que mantiene las obras estancadas desde el pasado mes de mayo, provocando un considerable retraso en la finalización de la reforma de este edificio histórico.
Discrepancia de 680.000 Euros
La raíz del problema radica en el estado de la estructura del inmueble y la necesidad de refuerzo de sus vigas tras las obras de derribo. La empresa adjudicataria de la construcción sostiene que las catas previas no reflejaron el estado real de conservación y reclama un modificado de 700.000 euros para solventar las deficiencias, lo que representa un 57% del precio inicial de licitación.
En marcado contraste, la Dirección de Obra, entidad que obtuvo el contrato por concurso público, estima que el refuerzo estructural necesario se resuelve con una modificación presupuestaria de tan solo 20.000 euros.
El edil Martínez calificó la abismal diferencia de cuantificación como «incomprensible», y subrayó que la disputa va más allá de un tema de precios: «más allá de una cuestión de precios, también está la valoración y capacidad de ejecutar una actuación más compleja, y de saber si la empresa adjudicataria tiene capacidad de realizarla».
Ultimátum Municipal
Ante la paralización, el Ayuntamiento se ha posicionado en defensa de los intereses municipales y ha dado un plazo a ambas partes para que justifiquen técnicamente sus posturas.
El concejal Martínez expresó que el escenario ideal es un acuerdo técnico que garantice la viabilidad del proyecto de rehabilitación, asegurando que «el respeto al edificio histórico y todas las garantías de conservación y seguridad estén por encima de todo».
No obstante, el Ayuntamiento no descarta aplicar la ley y ha puesto sobre la mesa medidas drásticas que incluyen sanciones a quien incumpla los plazos, o la anulación de los contratos de la constructora o de la dirección de obra. En caso de no llegar a un acuerdo, se ejecutarán las garantías depositadas por ambas empresas al firmar sus respectivos contratos.
