En mi anterior artículo sobre la geopolítica del Mediterráneo me refería a la migración como uno de los fenómenos más relevantes en este espacio geopolítico, siendo, de hecho, uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta Europa en su condición de sociedad receptora de los flujos migratorios. Un problema cuya propia concepción tiene varias aproximaciones, cada una de ellas con sus propias dinámicas, es decir, no merece el mismo tratamiento la migración controlada que la irregular, así como sus diferentes motivaciones, siendo particularmente importantes las que tienen que ver con la preservación de la vida y, como no, las manifestaciones delictivas vinculadas a la migración (irregular) como es el tráfico de personas. Es pertinente afirmar que la cuestión migratoria en la Unión Europea es uno de los fenómenos que más afectan a su estabilidad y su seguridad.
Las razones a esta afirmación se podrían fundamentar en los siguientes aspectos. En primer lugar, el Mediterráneo, frontera Sur de la Unión Europea, tiene el mayor diferencial de desarrollo a nivel global; las diferencias económicas, sociales, culturales y religiosas son evidentes entre ambas riveras de este Mar, situación que se ve fuertemente agravada si se toma en consideración también la Franja Subsahariana, donde se concentran una serie de países de gran inestabilidad y fragilidad, muchos de ellos sumidos en un conflicto permanente. Un segundo factor que se puede tomar en consideración para analizar este fenómeno viene del hecho de la centralidad de la región mediterránea, siendo especialmente sensible a la violencia sistémica en Oriente Medio, que es origen de miles de refugiados, pero también a los flujos procedentes de otros espacios periféricos como el euroasiático, o las regiones del Indo-Pacífico y América.
A los dos anteriores sumemos un tercer atributo, como es la competencia permanente de potencias globales y regionales que hacen de la desestabilización una de las principales herramientas en los conflictos de zona gris, recurriendo para ello a la migración como amenaza híbrida en la consecución de sus intereses. Así, Rusia, una de las potencias globales del sistema puede considerarse un actor perturbador en la región, apoyando directamente a regímenes violentos, contribuyendo con ello a una notable influencia en la inestabilidad interna de la Unión, lo que, a su vez, representa un factor multiplicador de los grupos vinculados a la criminalidad organizada, en particular a lo que se relaciona con el tráfico de personas, en su conexión con las migraciones irregulares. También se deben considerar algunos de los actores que en anteriores trabajos denominaba “desestabilizadores tranquilos”.[1] En su relación con el fenómeno migratorio cabe mencionar a Turquía, país receptor de un importante flujo de refugiados procedentes de países de Oriente Medio, presionando con ellos a la UE para obtener beneficios, ya sean económicos o políticos. Otros Estados del Norte de África, Argelia, Libia y Marruecos, que son origen de importantes flujos migratorios hacia Europa y que, además, son receptores de refugiados que proceden de países en conflicto de la Franja Subsahariana, lo que les convierte en un permanente foco de inestabilidad. Especialmente importante para España el caso de Marruecos por su afectación directa a la propia seguridad nacional.
Hecha esta breve introducción, estamos en condiciones de abordar con cierta profundidad el problema, pero antes de ello conviene establecer dos reservas importantes, la primera la que tiene que ver con su propia complejidad, no en vano se trata de un fenómeno con aristas políticas, económicas, sociales y de seguridad, aspecto, este último, sobre el que centraré el estudio desde su enfoque amplio y profundo. Como segunda premisa es que este análisis se fundamenta en que la migración no debe considerarse en sí misma como una amenaza a la seguridad, sino como un fenómeno que interactúa con ella, y que su cualidad de riesgo dependerá de las condiciones que lo rodean y de las políticas y estrategias que sobre ella se implementen. La amplitud de este trabajo aconseja dividirlo en varias partes, en la primera de ellas trataré de analizar el fenómeno de la migración en Europa -descripción del problema-, para a continuación, abordarlo bajo dos dimensiones de la seguridad, la que pone el foco en la persona -Seguridad Humana- y la relacionada con la identidad de las comunidades/sociedades -Seguridad Societal-. Finalmente, en una tercera parte, nos adentraremos en sus conexiones con las amenazas a la seguridad.
Marco conceptual y normativo del fenómeno migratorio
La migración constituye uno de los fenómenos con mayor influencia en el sistema internacional contemporáneo, estando vinculado a dinámicas demográficas, económicas, políticas y de seguridad. Si bien se trata de una constante histórica, hoy en día adquiere nuevas y preocupantes dimensiones como consecuencia de factores que le aportan una mayor complejidad entre los que se podrían citar la interdependencia, la desigualdad y la conflictividad que caracterizan al entorno global de nuestros días.
En esta primera parte de este estudio procede acometer de una forma rigurosa la delimitación terminológica que se muestra a continuación, de otra forma se vería afectada la pretendida evaluación objetiva del fenómeno.
- Migración regular. Aquella que se produce conforme a la normativa del Estado de destino (visados, permisos de residencia, reagrupación familiar, movilidad laboral).
- Migración irregular. A diferencia de la anterior que el enfoque está en las expectativas personales o laborales de las personas, esta particularidad del fenómeno migratorio se centra en los aspectos administrativos como son la entrada sin autorización, la permanencia en el país sin el visado correspondiente o el incumplimiento de las condiciones legales de estancia. Es decir, se trata de un concepto jurídico-administrativo, no penal en sí mismo.
Desde una perspectiva funcional ambas situaciones pueden responder a una decisión voluntaria o forzada. En el primer caso, la motivación suele ser económica, educativa o familiar, mientras que en el segundo responde a unas condiciones de pobreza extrema o subdesarrollo de los países de origen, así como a situaciones asociadas a conflictos armados y de violencia generalizada que provocan la persecución y la vulneración sistemática de los derechos humanos.
Lo anterior nos abre la puerta a nuevos términos que son necesarios considerar para analizar el fenómeno migratorio, el cual de una manera genérica describe los movimientos de personas realizados por diversos motivos y circunstancias, lo que aconseja la distinción entre las diferentes identidades que se pueden distinguir.
- Responde a una categoría descriptiva y estadística que se refiere a toda persona que cambia su país de residencia habitual, independientemente de la voluntariedad de su traslado y de la legalidad de los medios y procedimientos utilizados.
- La figura del refugiado está definida en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, bajo supervisión de ACNUR. Tendrán esta consideración las personas que, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede acogerse a la protección de este. Estando prohibido, al amparo del derecho internacional su devolución a su lugar de origen mientras persista el riesgo.[2]
- Desplazado Interno (IDP por sus siglas en inglés). Vocablo aplicado a las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar por los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o los desastres naturales, pero que no ha cruzado una frontera internacional reconocida. A diferencia del anterior, no se trata de una categoría jurídica con estatus propio, sino una categoría de protección humanitaria al amparo de los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno (1998)
Una vez establecida esta base conceptual, pasaremos a citar brevemente los aspectos fundamentales relacionados con su marco normativo. El régimen jurídico internacional en materia de protección de personas desplazadas se articula en torno a la referida Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 de ACNUR. Este instrumento define quién puede ser reconocido como refugiado y en él se establece un principio que prohíbe la devolución de una persona a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas, el cual constituye una norma central del derecho internacional.
En el ámbito europeo, la normativa se desarrolla a través del Sistema Europeo Común de Asilo, recientemente reformado mediante el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en 2024. En este marco regulador se determinan los procedimientos de asilo, los mecanismos de responsabilidad entre Estados miembros, el control en las fronteras y los instrumentos de solidaridad interna. La gestión migratoria en la UE combina así obligaciones de protección internacional con competencias estatales en materia de control fronterizo y seguridad interior.
En el caso de España, la normativa nacional, integrada en este entramado europeo e internacional, articula los procedimientos de protección internacional, la regulación de la extranjería y los mecanismos de retorno. El marco jurídico vigente pretende equilibrar los derechos fundamentales de las personas y el control de flujos y la seguridad del Estado, constituyendo el contexto regulador que orienta la gestión migratoria.
Factores estructurales de los flujos migratorios en el Mediterráneo.
Una vez conceptualizado el fenómeno y establecido su ámbito normativo abordaremos algunos de los factores relacionados con los flujos migratorios, pero antes hagamos una sucinta aproximación a la dimensión cuantitativa del fenómeno. Comenzamos con una cifra que considero que muestra el alcance del problema, y es que, según los últimos informes de ACNUR, el número de desplazamientos forzosos en el mundo superó los 110 millones de personas en 2023, frente a los 65 millones registrados en 2015. En esta cifra se incluyen más de 40 millones de refugiados y personas en necesidad de protección internacional y más de 60 millones de desplazados internos, que no han cruzado fronteras internacionales. A lo anterior se debe añadir una importante consideración cuál es que aproximadamente el 75% de los refugiados se encuentra acogido en países de renta media o baja, generalmente vecinos de las zonas de conflicto, lo que debería llevarnos a relativizar la idea generalizada de que Europa soporta la mayor carga global.
En el ámbito europeo, los datos de EUROSTAT muestran que en 2023 se registraron más de un millón de solicitudes de asilo en la UE, cifra que se aproxima a los niveles observados en 2016. En paralelo, la agencia FRONTEX registró en 2023 más de 380.000 cruces irregulares detectados en las fronteras exteriores de la UE, el nivel más elevado desde 2016. Sin embargo, esta cifra es inferior al 10% de la población de la Unión.[3] El impacto, por tanto, debe medirse más en su relación con la capacidad institucional y los sistemas de acogida que por la simple evaluación de las cifras absolutas.
Siguiendo con este estudio sobre los factores relacionados con la migración en la región geopolítica del Mediterráneo, procede analizar las principales rutas que conforman la migración irregular hacia la Unión Europea, las cuales responden a dinámicas y contextos nacionales distintos.
- Ruta Mediterránea Occidental. Su origen principal es Marruecos, aunque Argelia ha incrementado notablemente sus flujos en los últimos años. El destino de esta ruta es España (Andalucía, Levante y Baleares, además de Ceuta y Melilla, son los principales puntos de entrada). En los últimos datos consolidados, la ruta occidental ha mostrado un repunte significativo. Informes recientes de FRONTEX indican que durante 2025 más del 70% de las salidas detectadas en esta ruta procedían de Argelia, reflejando un desplazamiento parcial del eje tradicional Marruecos-Andalucía hacia el corredor Argelia-Baleares. En los últimos años se ha abierto una versión atlántica de este eje, cuyo destino final son las Islas Canarias. La presión en esta ruta presenta alta sensibilidad en las relaciones bilaterales con Marruecos y Argelia, así como sobre la estabilidad política en el Magreb.
- Ruta Mediterránea Central. Su lugar de arranque lo podemos situar en Libia y en menor medida en Túnez, siendo en este caso su destino Italia (Lampedusa y Sicilia, principalmente) y Malta. Se trata del corredor históricamente más letal y uno de los más voluminosos. En 2024 se registraron aproximadamente 67.000 cruces irregulares detectados, mientras que en los primeros once meses de 2025 se contabilizaron en torno a 63.000, representando cerca del 40% del total de entradas irregulares en la UE ese periodo (FRONTEX). La debilidad institucional en Libia, la presencia de redes de tráfico y la proximidad geográfica convierten esta ruta en un eje estructural del sistema migratorio regional.
- Ruta Mediterránea Oriental. El origen principal de este corredor es Turquía, distinguiendo una ruta marítima hacia las islas griegas y Chipre y otra terrestre hacia Grecia y Bulgaria. En 2024 se registraron alrededor de 69.400 cruces irregulares detectados en esta ruta, con predominio de nacionalidades procedentes de contextos de conflicto como Siria y Afganistán. En 2025 los datos parciales muestran una reducción interanual. Desde el punto de vista cualitativo, esta ruta presenta una mayor proporción relativa de personas con potencial necesidad de protección internacional (refugiados).
Es importante señalar que mientras que la ruta oriental es la vía fundamental para los refugiados de otras regiones geopolíticas, la central es el principal corredor para los flujos migratorios procedentes de la Franja Subsahariana. Los países del Sahel y África Occidental (Níger, Mali, Burkina Faso, Chad, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Costa de Marfil, etc.) tienen corredores históricos hacia: Agadez (Níger) y el sur de Libia, desde allí, el salto marítimo hacia Italia es relativamente corto en términos comparativos.
Conforme a este análisis cuantitativo se puede afirmar que los flujos migratorios hacia Europa se corresponden a la convergencia de una serie de variables que influyen en el medio y largo plazo y, en consecuencia, su enfoque no debe limitarse a la simple gestión de crisis puntuales, sino a una estrategia integral que combine de manera armónica y eficiente todas ellas, entre las que se podrían citar las siguientes:
- Primera variable: el diferencial demográfico constituye un vector persistente. Mientras la Unión Europea experimenta un claro envejecimiento y estancamiento poblacional, amplias zonas del África subsahariana mantienen tasas de crecimiento elevadas y una estructura demográfica marcadamente joven. Este desequilibrio no es un generador automático de migración, pero crea una presión potencial, máxime en situaciones de debilidad institucional en los países de origen.
- Segunda variable: las brechas económicas y de desarrollo entre los países ribereños del norte y sur mediterráneos siguen siendo significativas. Las diferencias de renta per cápita entre el Sahel y los Estados miembros de la UE multiplican varias veces los niveles de bienestar relativo. La expectativa de mejora económica, combinada con la existencia de redes transnacionales consolidadas, actúa como incentivo para la movilidad.
- Tercera variable: la persistencia de conflictos armados y fragilidad estatal, particularmente en el Sahel y el Cuerno de África, así como en Oriente Media. La erosión institucional, la violencia y la expansión de actores armados no estatales alimentan desplazamientos internos que, cuando se prolongan, pueden transformarse en movimientos transfronterizos.
- Cuarta variable: la expansión de la criminalidad organizada transnacional que encuentra cada vez menos barreras logísticas y de movilidad. La permeabilidad de las fronteras estatales y los efectos de la globalización facilitan los tráficos ilegales de drogas, bienes y personas, siendo estos últimos determinantes en su influencia sobre los flujos migratorios irregulares. Estas organizaciones criminales operan adaptándose a cambios regulatorios y contextos políticos, lo que explica la mutación constante en sus rutas y procedimientos.
La relación de la migración con la seguridad.
Si bien el fenómeno migratorio no constituye en sí mismo un asunto específico de seguridad, en un entorno securitizado como el que vivimos actualmente debe ser enfocado también desde esta perspectiva.[4] Como punto de partida para establecer adecuadamente la interacción entre ambas es que la migración no puede ser interpretada simplemente como una amenaza para la seguridad internacional. Sin embargo, bajo determinadas condiciones institucionales, políticas o geopolíticas, puede interactuar con dinámicas de seguridad a través de mecanismos específicos. Como ejemplos de elementos que pueden contribuir a una mejor gestión de los flujos migratorios y que, de una manera indirecta, contribuyen a reducir la huella de seguridad sobre este fenómeno, se podrían citar el incremento de las capacidades administrativas de los países receptores para reducir la presión sobre los sistemas de asilo (tramitación de solicitudes, distribución equitativa en los centros de acogida, coordinación eficiente en el ámbito europeo, mecanismos de repatriación con los países de origen, etc). Otro ejemplo, tiene que ver con la flexibilidad con la que deben de ser abordados los episodios relacionados con la migración irregular cuyos flujos y rutas mutan continuamente bajo el control de los grupos criminales relacionados con el tráfico de personas. Episodios recientes en enclaves como Lampedusa o en la ruta atlántica hacia Canarias han mostrado que la presión institucional no depende tanto del número total de llegadas a escala europea, sino de su concentración en determinados puntos geográficos y en periodos de tiempo reducidos, donde la capacidad local de acogida y tramitación puede verse desbordada.
Se podrían identificar cuatro escenarios diferentes en los que se manifiesta de una manera más clara la relación de la migración con la seguridad. El primero de ellos tienen que ver con el hecho de que los flujos intensos y concentrados en el tiempo pueden generar presión sobre los sistemas de asilo y en las capacidades administrativas de los Estados receptores. Cuando la capacidad de registro, evaluación y acogida se ve superada, se producen cuellos de botella que afectan a la gobernanza, a la percepción pública y al funcionamiento ordinario de los servicios.
En segundo término, hay que tomar en consideración que la migración irregular interactúa con las estructuras de la criminalidad organizada, particularmente redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Estas organizaciones operan en entornos de fragilidad estatal y adaptan rutas y métodos a las variaciones regulatorias, introduciendo un componente de seguridad transnacional en el fenómeno.
Un tercer escenario se refiere a la instrumentalización política de los flujos migratorios. En determinados contextos, la gestión o relajación del control fronterizo puede utilizarse como herramienta de presión diplomática o estratégica. En estos casos, la migración deja de ser únicamente un fenómeno social para convertirse en una variable relacionada con la seguridad en el marco del concepto de conflictividad en zona gris.
Por último, hay que referirse al hecho de que la gestión de las fronteras exteriores, la coordinación entre los Estados miembros y la cooperación con los países de tránsito debieran ser tres pilares fundamentales de las políticas de seguridad de la Unión Europea en su relación con la migración. Adicionalmente, la UE no debe limitar su actuación para enfrentar este fenómeno únicamente en su territorio, sino que su estrategia tiene que orientarse a una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito con el objetivo de gestionar o contener los flujos antes de su llegada a las fronteras exteriores.
En suma, la migración se convierte en una cuestión de seguridad no por su naturaleza intrínseca, sino por la interacción entre los flujos migratorios y las capacidades institucionales de los puntos de origen y destino, así como del propio contexto estratégico. Pero al hablar de seguridad debemos de ir más allá de su visión tradicional para ser abordada desde una dimensión de mayor amplitud, es por ello, que en el siguiente artículo analizaremos el fenómeno desde la seguridad humana y la seguridad societal.
En estas líneas pretendía conceptualizar la complejidad del fenómeno migratorio y como este puede ser considerado como un problema perverso en sí mismo para la Unión Europea en general y para España en particular. La complejidad no puede ser tratada con soluciones simples y, por ello el problema migratorio debe de ser abordado en profundidad. Desafortunadamente, los decisores políticos y los movilizadores sociales se encuentran muy alejados de esta percepción pues tan inoportunas e inadecuadas son las manifestaciones sobre la necesidad de recurrir a las expulsiones (masivas) de inmigrantes, basadas en el populismo imperante de los discursos de algunos representantes políticos y sociales, como en la aprobación de regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares como recientemente ha anunciado el Gobierno de España, que no hacen sino provocar un efecto llamada, agravando aún más si cabe el problema y abriendo una preocupante brecha en la que debe de ser una de las políticas fundamentales de la Unión Europea, en la medida que contribuyen directamente a la protección de la frontera sur de Europa y en última instancia a la seguridad europea.
[1] Se consideran Estados desestabilizadores tranquilos aquellos que juegan un doble papel en el sistema confiriendo un carácter transversal en sus relaciones internacionales. De Miguel, Jesús. Una visión geopolítica en la tercera década del siglo XXI. Parte 2. El Consistorio Digital
[2] En la UE, la Directiva de Cualificación añade la figura de Protección Subsidiaria, que cubre situaciones de daño grave sin persecución individualizada.
[3] Se estima que la población de la Unión Europea es de 450 millones de habitantes
[4] El vocablo “securitización” se podría considerar una traducción libre del término inglés securitization para indicar que se trata de un asunto que no es propiamente de seguridad, pero tiene o puede tener una relación con ella. Este concepto nace y se desarrolla en la Escuela de Copenhague en el marco de la seguridad ampliada. Esta teoría dibuja un espectro a lo largo del cual se pueden situar las diferentes situaciones, de manera que cualquier asunto puede ser clasificado como no politizado, politizado, o securitizado.
