La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia que los infractores deberán esperar cinco años tras la sentencia para solicitar un inmueble protegido.
REDACCIÓN | MADRID 27 de enero de 2026
La Comunidad de Madrid endurece su ofensiva contra la ocupación ilegal. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy una medida de calado que se integrará en el próximo Reglamento de Vivienda: cualquier persona condenada por sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación quedará excluida del acceso a una vivienda protegida durante un periodo de cinco años.
Durante un encuentro informativo en el Nueva Economía Fórum, Ayuso ha defendido esta decisión como un paso necesario para proteger la legalidad y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes respetan el marco normativo. «Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas», subrayó la dirigente.
Blindaje del parque público y nuevos requisitos
El nuevo reglamento, que se encuentra actualmente en fase de tramitación y cuya aprobación definitiva se espera para el mes de julio, no solo pone el foco en la delincuencia inmobiliaria. El texto introduce además un requisito de arraigo mucho más estricto: para optar a una vivienda de protección oficial, será necesario acreditar un empadronamiento mínimo de 10 años en la región.
Con esta doble maniobra, el Ejecutivo autonómico busca dos objetivos claros:
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Priorizar la vinculación estable: Asegurar que las ayudas beneficien a quienes han contribuido de forma continuada al desarrollo de la Comunidad.
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Ejemplaridad: Desincentivar prácticas ilegales vinculadas a la vivienda mediante la pérdida de beneficios sociales.
Madrid, a la cabeza en construcción
La presidenta aprovechó el foro para sacar pecho de las cifras de vivienda en la región, posicionando a Madrid como líder nacional en la promoción de inmuebles protegidos. Gran parte de este éxito se atribuye al Plan VIVE, destinado al alquiler asequible.
Cifras clave del Plan VIVE:
14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo.
5.175 llaves ya entregadas a sus beneficiarios.
3.200 inmuebles que finalizarán su construcción en los próximos meses.
3.400 viviendas adicionales bajo el programa Plan Solución Joven, actualmente en fase de licitación.
Esta reforma normativa se presenta como el pilar central de la estrategia de vivienda para la presente legislatura, combinando el fomento de la oferta pública con una política de «tolerancia cero» ante la ocupación.
