Manifestación el 22 de octubre en Madrid por los “Niños Robados”

Entrevistamos a Victoriano Fernández Fernández, de la “Asociación Familias del Siglo XXI”

Dinos brevemente quienes sois los miembros la asociación de familias para la sociedad del siglo XXI.

Somos personas de toda España que nos hemos conocido , a partir de 2014 , en la defensa de nuestros hijos, hijas o nietos que han sido tutelados por la llamada “autoridad competente” . Esa tutela irregular que supone la ruptura de las familia de origen se puede producir desde los gabinetes psicosociales de los juzgados o desde las comisiones de tutela de cada provincia. En todos los casos se incumple el derecho a la defensa para los menores y las familias.

Próximamente habéis convocada una manifestación, ¿Puedes adelantarnos los datos de la misma?

La convoca una plataforma estatal que se llama “herejes” y es el resultado de nuestras anteriores concentraciones en Manuel de Falla (sede de la comisión de tutelas) y otras en las que llevamos participando desde hace más de 5 años.

Producto de la presión de las familias afectadas y del descubrimiento de la red SANA ha dimitido el anterior director de la comisión de tutelas de Madrid y le han sustituido por una nueva directora. En otras autonomías también se están produciendo hechos parecidos

Esperamos que sea un paso en nuevas movilizaciones que consigan hacer llegar a la ciudadanía y a los expertos en antropología, sociología, psicología y educación la necesidad de una transformación profunda de la leyes que se aplican a las familias para evitar los traumas que viven madres a quienes se les arrancan los niños en el parto y el desajuste emocional de esos más de cien mil niños que en los últimos 10 años han pasado por esos procesos de tutelas.

El 22 de octubre podría ser el principio de una nueva etapa en el tratamiento de las familias en nuestro país.

¿De quiénes hablamos, cuando lo hacemos de “niños tutelados”?

Nos referimos a niños, niñas y adolescentes a quienes los técnicos, en principio sin intervención de jueces ni fiscales, les declaran en “desamparo”.

La situación de desamparo conlleva el cese de la patria potestad y la entrega de la custodia al director o directora del centro donde están los menores, incluso en caso de niños dados en adopción o acogimiento familiar las relaciones de los niños con otras familias, incluida la de origen es decidida por la Administraccion.

Estos técnicos suelen ser funcionarios o personal contratado por las empresas que tienen encargado por concurso los denominados Centros de atención a la infancia (CAI) municipales o autonómicos.

La intervención de los técnicos que terminan en declaración de desamparo puede producirse por diversas razones, desde algún tipo de conflicto familiar a casos de Bulling en el colegio o denuncias de vecinos, o familiares que consideran el comportamiento de la madre o de la familia de origen como “no idónea”.

Desde que se produce la “declaración de desamparo” hasta que la familia se opone y es escuchada pueden pasar de dos meses a tres años. En ese periodo de tiempo, la familia de origen pierde su derecho a estar con sus hijos, a los que ve como mucho una vez a la semana en un PEF (punto de encuentro) bajo vigilancia de un técnico que marca las pautas de comportamiento de los niños y su madre o padre

¿Qué situación se está viviendo actualmente en España, en este tema?

La última estadística conocida dice que son 50.100 los niños y niñas tutelados. Esa cifra no ha dejado de subir desde 2011, que estaba en 30.000. La mayoría de las tutelas , tal como dice el informe son “exlege” quiere decir que no las ha dictado un juez o están en trámite de que las confirme.

Solo un 10% de los niños y niñas que son tutelados vuelven con la familia de origen, el resto llegan a la mayoría de edad en centros o en familias de adopción. Se dan casos de muchachos y muchachas que van de una casa a otra hasta llegar a la mayoría de edad y terminan viviendo en la calle sin apego, sin estudios y sin trabajo.

Es bastante corriente que los niños y niñas de los centros sean entregados para las vacaciones con familias de voluntarios, pese a que las familias de origen solicitan ser ellos quienes se hagan cargo al menos en vacaciones.
También es corriente que a los niños les hablen mal de sus familias, que en los centros haya falta de vigilancia y que los niños y niñas salgan solos a las calles y sean captados por todo tipo de redes peligrosas. Uno de los casos más recientes en ese sentido ha sido la “operación sana” que está investigando la policía de Madrid. En el pasado se descubrieron casos similares en el centro Zambrana de Castilla y Leon, en el Picon de jarama, de Madrid o Espinaret de Baleares.

¿Dónde está la raíz del problema de las denuncias que estáis haciendo?

A juicio de nuestra asociación y de otras de las que forman parte de las protestas que están surgiendo en toda España el origen están en los cambios que introdujo en el código civil y en la ley de enjuiciamiento civil la ley de 1987 de defensa del menor. Esos cambios entregan todo el poder a la “autoridad competente” (consejerías de asuntos sociales) que a su vez delegan, porque asi lo dice esa ley y las siguientes de 1996 y 2015 a los técnicos y directores de los centros de menores, CAI, PEF, etc. El 80% de esos organismos están privatizados en manos del llamado “tercer sector” Por lo tanto se ha convertido en un negocio

A ello se añade que la formación que reciben educadores, trabajadores sociales y psicólogos parte de la base de que hay “familias idóneas” y “no idóneas” y falta una idea y un enfoque de ayudar a las familias cuando lo necesiten. Todos los protocolos, como el “test cuida” , el “test valora” u otros están encaminados a justificar al arrancamiento de niños del entorno familiar biológico en vez de ayudar a las familias que necesiten apoyo.

 La abogada Celis Cánovas de la asociación "Familias de niños robados"

¿Qué reclamáis y qué propuestas concretas planteáis?

Nuestra petición, que hemos hecho llegar por escrito al congreso de los diputados, a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, es que se revisen las leyes desde la perspectiva del art. 39 de la constitución, esto es apoyando a la familia biológica cuando le necesite. Y se concreta:

1.- nunca saldrá un niño del seno de la familia de origen sino es por orden judicial
2.- los informes periciales de parte tendrán el mismo peso probatorio que el aportado por los técnicos de la administración, o por el psicosocial.
3.- nunca se podrá dictar una declaración de desamparo sin un proceso previo de apoyo a la familia con sus hijos e hijas en la casa. Este proceso habrá de ser acreditado documentalmente para comprobar la mejora de la convivencia con el apoyo de técnicos públicos expertos en mediación y apoyo emocional.
4.- cualquier medida administrativa de protección deberá tramitarse y resolverse judicialmente en un plazo máximo de dos meses.
5.- las familias irán siempre acompañadas de abogados a las reuniones con técnicos cuando se tramiten expedientes de riesgo o desamparo y las reuniones serán grabadas y entregada la grabación a la familia.

Victoriano Fernández Fernández

Asociación Familias del Siglo XXI