La gestión de las consecuencias de la DANA a su paso por el Levante español, ha puesto de manifiesto la inutilidad en la capacidad de respuesta de los políticos españoles. Estos políticos que se encuentran enzarzados en un ciclo de culparse los unos a los otros de los desmanes y torpezas que día a día nos demuestran que hace toda la clase dirigente del país ( tanto central como autonómico o municipal) todo ello sin dejar de banda las descalificaciones y los insultos que se profesan mutuamente entre toda la “fauna política”.
Este fenómeno no solo refleja una falta de liderazgo tanto en el país en general como en las comunidades autónomas y en los municipios, sino que pone en evidencia una desconexión de los políticos con las necesidades reales de la ciudadanía.
En los últimos años, se ha evidenciado que la política basada en la confrontación y el intercambio de insultos no es sostenible ni adecuada para los desafíos del siglo XXI. Ni evidentemente para los siglos venideros
La complejidad de los problemas actuales, que incluyen crisis climáticas, económicas y sociales, requiere un enfoque más profesional y orientado a obtener soluciones reales para la población, es decir los dirigentes han de ser más resultadistas para sus gobernados .
La política del «quien tiene la culpa», la mentira y el insulto erosiona la confianza de la población en sus políticos y consecuentemente en las instituciones.
Es fundamental que replanteemos los criterios de selección de los líderes políticos. En lugar de priorizar la lealtad partidaria o la retórica (promesas que nunca se cumplirán)
UNIÓN EUROPEA DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS lleva planteando desde hace 4 años que hemos de dar preferencia a aquellos candidatos con experiencia en gestión y habilidades probadas en la resolución de problemas ( es decir VERDADEROS GESTORES CADA UNO EN SU CAMPO). Esto implica un cambio hacia un modelo de gobernanza que valore la competencia técnica y la capacidad de trabajo en equipo, en lugar de la mera habilidad para ganar elecciones. Esto podría incluir la evaluación de candidatos no solo en función de su ideología política, sino también de su historial en la gestión de crisis y su capacidad para trabajar en colaboración con otros. En conclusión, la política del siglo XXI debe evolucionar hacia un enfoque que priorice la gestión competente y la justicia social.
Hemos de desbancar para siempre a toda esta tropa de vividores del dinero publico que no tienen el mínimo respeto por los problemas, de la población española y solo les mueve su interés económico y salvar su puesto de trabajo (por llamarlo de algún modo)