Los datos del Ministerio de Hacienda sitúan el IBI urbano de la ciudad un 10% por debajo de la media provincial. El alcalde, Fulgencio Cerdán, confirma que no habrá subidas de impuestos en el presupuesto de 2026.
VILLENA | 12 de enero de 2026
Villena arranca el año 2025 con cifras positivas para el bolsillo de sus ciudadanos. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, la capital del Alto Vinalopó se ha posicionado en la parte baja de la tabla de presión fiscal sobre la vivienda a nivel provincial, consolidándose como uno de los municipios con los impuestos inmobiliarios más competitivos.
Un respiro para los propietarios
El análisis de los tipos impositivos revela que Villena ocupa el puesto 32 de los 91 municipios de la provincia (con más de 1.000 habitantes) en cuanto a carga fiscal. Las cifras son especialmente favorables en comparación con el entorno:
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IBI Urbano: El tipo aplicado es un 10% inferior a la media provincial.
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IBI Rústico: La diferencia es aún mayor, situándose un 10,5% por debajo del promedio de los ayuntamientos de tamaño similar.
Gestión económica y estabilidad para 2026
El alcalde de la localidad, Fulgencio Cerdán, ha valorado estos datos como el resultado de una gestión económica rigurosa. A pesar del contexto inflacionista y el encarecimiento de los servicios públicos, el primer edil ha lanzado un mensaje de tranquilidad de cara al futuro próximo: la propuesta de presupuestos para 2026 no incluirá incrementos fiscales.
«Es fruto de la gestión económica que hace el Ayuntamiento a pesar de la escalada de precios. Nuestra política se centra en mejorar la ciudad, acometiendo por fases la renovación profunda que Villena necesitaba», explicó Cerdán.
Cuentas saneadas: Deuda cero
Más allá de la baja presión fiscal, la salud financiera del consistorio muestra indicadores de solidez. Actualmente, el Ayuntamiento de Villena presenta una situación de deuda cero y cuenta con un remanente positivo de tesorería de 18 millones de euros.
Este superávit acumulado está a la espera de las autorizaciones pertinentes por parte del Gobierno central para ser destinado a inversiones sostenibles, lo que permitiría continuar con el plan de modernización de infraestructuras sin necesidad de recurrir a la subida de impuestos o al endeudamiento bancario.
