Tras la polémica surgida por la «carta de indignación» de la familia, Paola Ruiz aclara que, aunque el Ayuntamiento rechace el pago, la factura no recaerá sobre los tutores legales según la confirmación hospitalaria.
VILLENA – La situación en torno al accidente de un menor en una instalación municipal de Villena da un giro administrativo tras las declaraciones emitidas por la madre del afectado, Paola Ruiz Hernández. En un comunicado de aclaración enviado a los medios, Ruiz ha querido precisar los términos de la responsabilidad económica del incidente para evitar malentendidos entre la opinión pública.
La responsabilidad recae en el ayuntamiento de Villena
A pesar de la denuncia pública realizada el día anterior, en la que la familia manifestaba su malestar ante la negativa inicial del Ayuntamiento de hacerse cargo de los gastos derivados de la asistencia médica, la situación legal parece estar clara desde el punto de vista sanitario.
Según explica Paola Ruiz, el hospital le ha confirmado que la responsabilidad de asumir los costes recae exclusivamente en el Ayuntamiento, titular de la instalación donde ocurrió el percance.
«Aunque el Ayuntamiento haya manifestado que no se hará cargo de los mismos, en ningún caso la factura me será derivada a mí», afirma Ruiz en su escrito.
Sin riesgo de cobro para la familia
Esta aclaración llega para tranquilizar a los implicados y corregir la percepción de que la familia tendría que afrontar una carga económica por un servicio que, por ley, debe ser cubierto por la administración pública o su seguro de responsabilidad civil.
El núcleo del conflicto ahora no reside en quién recibirá la factura —que será enviada de oficio al ayuntamiento— sino en la postura política y de atención al ciudadano que el Ayuntamiento ha mantenido hasta el momento.
Puntos clave de la aclaración:
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Destinatario de la factura: El hospital dirigirá el cobro directamente al Ayuntamiento de Villena.
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Exención de la familia: Los tutores del menor no son responsables subsidiarios de estos gastos médicos.
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Conflicto administrativo: Persiste la discrepancia entre la obligación legal señalada por el centro médico y la negativa pública manifestada por la administración local.
Con este nuevo matiz, la familia espera que la situación quede «correctamente entendida» y que la atención se centre en la gestión de la seguridad en las instalaciones municipales.
