Hay palabras que nacen para proteger y acaban convirtiéndose en armas. “Violencia vicaria” es una de ellas. Un término que empezó describiendo una tragedia muy concreta, el daño ejercido a través de los hijos, y que corre el riesgo de transformarse en un concepto político maleable, útil para justificar cualquier silencio incómodo. En su origen pretenden hablar de verdad, pero en su uso se demuestra una vez más, sed de poder. Y cuando el poder se apropia de las palabras, lo siguiente que suele apropiarse es del derecho a pronunciarlas.
España vive en permanente estado de reacción. Cada drama, cada caso mediático, cada titular cargado de emoción se convierte en semilla de una nueva ley, una nueva etiqueta o una nueva campaña. No hay pausa, no hay reflexión. Y así, la legislación se llena de emociones sin reposo: miedo, culpa, venganza. El problema es que las leyes escritas desde la emoción rara vez producen justicia; casi siempre producen más miedo. Y sobre todo, inocentes pagando culpas ajenas.
El anteproyecto de ley sobre violencia vicaria se presenta como un escudo. Pero conviene mirar con muchísima atención y preocupación lo que esconde entre líneas. Según su borrador, el Código Penal tipificará esta forma de violencia de manera específica, con penas más duras y un abanico de medidas que incluirían desde la suspensión de la patria potestad hasta la limitación del derecho a comunicarse con los hijos y penas de prisión. Nadie podría negar la necesidad de proteger a los menores frente a los horrores que la violencia deja tras de sí. Pero el texto dice algo más: una restricción implícita del derecho a hablar públicamente de los procesos judiciales, de las denuncias, de las experiencias personales que cuestionen el relato oficial y sobre todo, el relato ideológicamente más conveniente.
Ahí aparece la grieta. Porque proteger a un menor no puede significar silenciar a un adulto inocente. Proteger no puede ser sinónimo de censurar. Y si la frontera se difumina, o se destruye, como pretende este anteproyecto, estaremos ante una ley que, bajo el pretexto de salvaguardar la infancia, terminaría castigando la verdad de quienes han sufrido una injusticia.
Los defensores del texto hablan de empatía, de evitar el sufrimiento de los hijos ante la exposición mediática. Pero en paralelo, el propio Estado ha alentado durante años la espectacularización de la violencia cuando servía a un propósito político e ideológico. Lo que se denuncia con fervor cuando el agresor es hombre se silencia con pudor cuando lo es una mujer. Lo que ayer fue pancarta hoy es tabú. La misma sociedad que gritó en Pamplona por “La Manada” ahora calla ante otros delitos en la misma ciudad, con la misma gravedad, pero con distinto perfil de agresor. La vara cambia, la moral se acomoda, la verdad se encoge.
En ese clima, la ley que se presenta como herramienta de protección corre el riesgo de consolidar la desigualdad que pretende combatir. Se legisla sobre los extremos y se olvida la inmensa mayoría silenciosa de padres y madres que atraviesan separaciones, denuncias, procesos de custodia, con el único deseo de seguir viendo crecer a sus hijos sin ser tratados como sospechosos permanentes. Si la palabra “violencia” se estira hasta cubrir cualquier conflicto, el propio concepto pierde fuerza, y con él, la justicia.
La violencia es una sola. Dividirla en categorías ideológicas sólo sirve para manipular su sentido y para justificar nuevos silencios. Si se reconoce la llamada violencia vicaria, habría que reconocer también la alienación parental, porque ambas nacen del mismo acto: utilizar el dolor ajeno como arma. Y si una ley decide nombrar sólo una de ellas, entonces no busca proteger: busca dividir y legislar en una sola dirección.
Los profesionales del Derecho llevan años advirtiéndolo: el populismo penal genera titulares, no soluciones. Cada nueva figura delictiva se celebra como un avance social y termina siendo un parche. Como el Sólo sí es sí”. Lo que no se consigue con medios, educación y justicia ágil se intenta suplir con castigos. Y los castigos, por definición, no enseñan; simplemente infunden miedo. La pedagogía del miedo es el método preferido de cualquier sistema que no confía en la madurez de sus ciudadanos.
Bajo esa lógica se redactan leyes con alma de mordaza. Se justifica todo en nombre de la protección: proteger a las víctimas, a los hijos, a la sociedad. Pero ¿quién protege a los inocentes acusados?, ¿quién protege al que necesita contar su historia para poder sobrevivirla? El discurso público se llena de consignas que suenan bien y se vacía de preguntas que incomodan. Y una sociedad que no soporta las preguntas termina viviendo en la comodidad de las respuestas impuestas.
Lo más inquietante es la deriva ideológica que acompaña a este proceso. Cada vez hay menos espacio para el matiz, para la duda, para la disidencia. Quienes nos atrevemos a cuestionar un dogma social nos convertimos en sospechosos morales. La autocensura se viste de prudencia, la cobardía de responsabilidad institucional. Nadie quiere ser el primero en decir lo que muchos pensamos. El resultado es un paisaje de tertulias idénticas, artículos calcados y titulares predecibles. La diversidad ideológica se reduce a un coro que canta con distintas voces la misma melodía. Y os lo digo yo, que de coros, algo entiendo.
Mientras tanto, las personas reales, no las estadísticas maquilladas, nos enfrentamos a un sistema que multiplica el daño en nombre de evitarlo. Padres que dejamos de ver a nuestros hijos. Madres que pierden el vínculo con familias enteras. Niños que crecen aprendiendo que amar a los dos progenitores es traicionar a uno. Y todo, bajo el amparo de leyes que prometían protegerlos y simplemente los estaban usando para hacer mas atractivo un discurso.
La violencia no necesita apellidos. Lo que necesita es justicia. Nombrarla de mil formas no la reduce: la disfraza. Y cuando la ley asume el discurso de la ideología, la justicia deja de ser universal para convertirse en selectiva. Una ley que confunde justicia con propaganda termina fabricando nuevas víctimas para poder justificarse. Y, paradójicamente, ese círculo de dolor perpetúa la misma lógica que dice combatir. Sé que me estoy repitiendo, pero el discurso ideológico también lo hace y por desgracia lleva años funcionando, asi que por probar…
Quizá la pregunta no sea cómo endurecer las penas, sino cómo recuperar la confianza. Cómo garantizar que cada denuncia se investigue con rigor, que cada caso tenga nombre y contexto, que cada niño sea escuchado sin ser adoctrinado. Cómo enseñar a diferenciar entre protección y control. Porque una sociedad que legisla desde la emoción acaba viviendo en la emoción: crispada, polarizada y dependiente de su propio miedo.
La respuesta no está en los extremos. Está en el equilibrio. En reconocer que la violencia no es propiedad de un género ni de una ideología, sino una enfermedad humana que se cura con justicia, no con propaganda. Está en devolver a las palabras su sentido, en desinfectarlas del uso partidista que las corrompe. “Violencia vicaria” debería seguir significando exactamente eso: una tragedia que exige prevención, no censura. Máxime cuando su definición, se ajusta tanto a la de Alienación Parental, que se quiere acallar a toda costa.
Tal vez las preguntas finales sean las más incómodas:
¿cuánta verdad está dispuesta a sacrificar una sociedad para mantener intacto su relato de pureza? ¿y cuántas voces más tendrán que callar antes de que entendamos que proteger también puede ser una forma de oprimir?
