Las manifestaciones violentas en España por parte de grupos postfranquistas son un fenómeno complejo que requiere un análisis detallado. La consolidación de las plataformas, grupos y partidos no constitucionales en el país son consecuencia de la actitud laxa de la justicia por no haber determinado unas normas rigurosas en aras de impedir la continuidad y la creación de nuevas formas del postfranquismo y no exigir la disolución de los grupos de carácter fascista. La violencia como medio de expresión política plantea desafíos significativos para la cohesión social y la convivencia democrática, por lo que es crucial abordar este fenómeno desde una perspectiva integral que promueva el diálogo, el respeto a la legalidad y la búsqueda de soluciones pacíficas.
En primer lugar, es importante señalar que el sistema político español se rige por un marco democrático en el que se respetan los resultados electorales y se busca la gobernabilidad a través de acuerdos y pactos entre diferentes fuerzas políticas. Esa circunstancia no ha sido bien aceptada por la derecha española y mediante subterfugios y mentiras manifiestas niegan la posibilidad de que una coalición de partidos progresistas llegue al poder.
La existencia de partidos independentistas en regiones como Cataluña y el País Vasco es un reflejo de la diversidad política y cultural en España. Es fundamental investigar el impacto de los pactos políticos con partidos independentistas en la estabilidad del país y atender a las reivindicaciones manifiestas de dichas nacionalidades, puesto que el encaje en la estructura del país depende primordialmente de generar un escenario suficientemente atractivo , para que esas nacionalidades se encuentren cómodas en el contexto autonómico, pero la insistencia en que las regiones independentistas se queden en la unidad de España a cambio de nada es un hecho que manifiesta la inacción de los gobiernos tanto de derechas como de izquierdas, porque NUNCA HAN OFRECIDO NADA a esas regiones en concreto para que desistan de su deseo de independencia.
Además, es importante considerar el papel de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la gestión de conflictos políticos y sociales, con un enfoque analítico y objetivo, considerando tanto las causas como las posibles soluciones para promover la estabilidad y la convivencia democrática en el país, mediante la implementación de soluciones definitivas para acabar con este tipo de conflictos que se han enquistado en la sociedad española y que solo propician la separación, el distanciamiento y el odio entre ciudadanos del mismo país.
