LA ENCINA / VILLENA, 5 de mayo de 2026 – Ante el inicio de las obras de diversos proyectos de energías renovables en el término de La Encina, se hace necesaria una aclaración pública sobre la gestión de los fondos económicos derivados de estas licencias y su encaje dentro de la legalidad urbanística vigente.
Transparencia en el uso de los fondos finalistas
El objetivo de esta comunicación es solicitar la creación de un *mecanismo de blindaje legal* para los ingresos provenientes del *Canon Urbanístico* y el *ICIO* generados en esta zona. Según establece la *Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP)*, los cánones por aprovechamiento en suelo rústico tienen una naturaleza específica:
Aplicación de la Ley: Los fondos deben destinarse por normativa a la conservación y mejora del medio rural.
Justificación Técnica: Es fundamental que se explique técnicamente el motivo por el cual parte de estos ingresos, generados por el impacto directo en el paisaje de La Encina, podrían estar siendo asignados a partidas presupuestarias ajenas a la restauración y mejora de la propia pedanía.
Garantizar el retorno de la inversión
La intención es asegurar que el desarrollo industrial energético sea compatible con la mejora de la calidad de vida de los residentes que conviven con las instalaciones. Para ello, se plantean las siguientes cuestiones de carácter administrativo:
- Información sobre la Territorialidad: Solicitud de un desglose que especifique qué porcentaje de lo recaudado en licencias dentro del área de La Encina se reinvierte directamente en la zona afectada.
- Seguridad Jurídica: Proponer que los fondos no se gestionen como ingresos ordinarios, sino como una partida blindada que garantice el mantenimiento de infraestructuras locales y la mitigación de impactos ambientales a largo plazo.
- Diálogo Administrativo: Se busca una respuesta oficial que aclare por qué, si el impacto es local, la gestión de los recursos no se refleja de manera proporcional en el entorno inmediato de los proyectos.
Un compromiso con el futuro del entorno rural
Esta iniciativa busca establecer un precedente de *justicia distributiva* y transparencia administrativa. No se trata de una confrontación, sino de una petición de claridad para que el crecimiento de las energías renovables no suponga un desequilibrio entre el beneficio económico municipal global y el desarrollo real de la zona que cede su suelo para estos proyectos.
Se apela a la responsabilidad de los órganos de gestión para que detallen los criterios de reparto de estos fondos, garantizando que el cumplimiento de la ley sea la máxima prioridad en el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
