¿Un ejército sin sociedad?

Los españoles valoran cada vez más a sus Fuerzas Armadas, pero disminuye el interés por ingresar en ellas. La distancia entre reconocimiento social y compromiso personal plantea un problema para la defensa.

En 2013 había casi 28 aspirantes por cada plaza en las Fuerzas Armadas. En 2023, apenas cuatro. El mismo país que sitúa a sus Fuerzas Armadas entre sus instituciones mejor valoradas encuentra cada vez menos jóvenes dispuestos a servir en ellas.

La paradoja es notable. Según el CIS, entre 1998 y 2017 quienes tenían una opinión «buena» o «muy buena» de las Fuerzas Armadas pasaron del 46,5 al 65,1 por ciento, y en 2025 siguen entre las instituciones mejor valoradas. Pero esa simpatía no se traduce en compromiso: en 2017, cuatro de cada diez encuestados respondían «no con toda seguridad» cuando se les preguntaba si participarían voluntariamente en la defensa del país en caso de ataque, trece puntos más que en 1998. El orgullo de ser español, aunque sigue siendo mayoritario, retrocedió más de nueve puntos porcentuales entre 1998 y 2017.

La demografía agrava el problema. Los jóvenes de 20 a 24 años, el grueso del posible reclutamiento, pasarán de 3,1 millones en 2002 a 1,9 millones en 2050. Las Fuerzas Armadas cuentan hoy con unos 116.000 efectivos, frente a los 127.500 que plantea el ministerio de Defensa para 2029. Otros países europeos ya se han movido: Alemania aprobó en diciembre de 2025 una ley que combina un cuestionario obligatorio para los jóvenes con un servicio voluntario y deja abierta la obligatoriedad si no basta.

Crisis como la de Ceuta, el pasado julio, advierten que los problemas no avisan. Y un ejército no es una empresa de servicios públicos: es la expresión armada de una comunidad política. Si la ciudadanía se desentiende de su defensa, el Estado se vuelve más vulnerable, no porque falten tanques o radares, sino porque falta el respaldo social que permite reclutar, movilizar y resistir.

No se trata de restaurar la mili de los cuarteles. Volver al modelo anterior a 2001 pondría en riesgo las capacidades de unas Fuerzas Armadas hoy más pequeñas, pero más tecnificadas. Aunque sí cabe plantearse un servicio cívico-militar obligatorio breve y remunerado. Con alternativas para objetores y utilidad social, que alimente una reserva formada, censada y activable tanto para destinos militares, como para otras alternativas de servicio: en protección civil, emergencias y diversas actividades de interés general.

Una reserva no puede improvisarse cuando aparece la amenaza: exige identificar previamente a sus integrantes, proporcionarles formación básica y mantener procedimientos que permitan movilizarlos con rapidez.

Una simulación a partir de los datos demográficos disponibles, suponiendo un 80 % de jóvenes aptos y destinando una cuarta parte de ellos a formación militar, permitiría incorporar unos 100.000 reclutas anuales y disponer así de hasta medio millón de personas con formación militar básica en cinco años.

Tiene un coste que habrá que calcular y un probable rechazo social. La ministra de Defensa y los jefes militares lo han descartado, y obligar puede restar adhesión en vez de sumarla. Pero ninguna de esas objeciones elimina la necesidad de preparar con antelación una reserva movilizable.

España necesita fuerzas armadas profesionales, sí, pero también una sociedad que no las mire solo con respeto distante. Defender el país no puede ser tarea de unos pocos.

Faustino Acosta Ortega

Res publica, cura communis

Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, Ingeniero Técnico Naval por la Universidad Politécnica de Cartagena y cuenta con un Máster en Historia Contemporánea por la UNED. Embajador de la Marca Ejército