Los ecologistas denuncian el «pasotismo» de Madrid ante la catástrofe ambiental de la Sierra Oeste

La Plataforma Ecologista Madrileña exige a la Consejería de Medio Ambiente transparencia, criterio científico y planificación tras el peor incendio de la historia reciente de la región, que ha devastado más de 27.000 hectáreas en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha alzado la voz contra la «dinámica apática» de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Un mes después del virulento fuego que arrasó la Sierra Oeste —el mayor siniestro forestal registrado en la región—, las organizaciones conservacionistas denuncian una absoluta falta de información pública sobre el impacto real del desastre en la biodiversidad local.

El fuego, que se originó a finales de julio en varios focos (Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias) y sumó posteriormente el de Aldea del Fresno en agosto, terminó por unificarse en un devastador frente que afectó a doce municipios. La superficie quemada triplica todo lo ardedor en la Comunidad de Madrid durante la última década. La práctica totalidad del terreno calcinado formaba parte de espacios de alto valor biológico como la ZEC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» y la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio», refugio vital para especies amenazadas como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro y el gato montés.

«La fauna silvestre no es un recurso cinegético; es un patrimonio natural que debe gestionarse con criterios ecológicos y científicos.»

Críticas a la gestión de la fauna y las prisa por talar

Los colectivos que forman la plataforma (ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura) critican con dureza las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo regional. Respecto a la fauna superviviente, censuran que el suministro de 135.000 kilos de alimento y los puntos de agua instalados se estén canalizando a través de sociedades de cazadores y cotos. Como alternativa, exigen blindar estos puntos frente a la actividad cinegética y ampliar la prohibición de cazar a un radio de al menos 20 kilómetros de la zona quemada para permitir la recolonización de las especies.

Por otro lado, califican de «precipitada» la rápida autorización para desbrozar, cortar y extraer madera quemada en montes privados, superficie que representa el 80% del área calcinada. Sostienen que estas labores deberían contar con una planificación coordinada global para prevenir problemas de erosión, arrastre de cenizas a los ríos y daños irreversibles a la regeneración natural de los ecosistemas.

Un patrón de opacidad que se repite

Desde la plataforma recuerdan que este desinterés institucional no es un hecho aislado. Reprochan a la administración que ya actuara de forma opaca tras el incendio de 2.000 hectáreas del verano pasado en Tres Cantos y el Soto de Viñuelas, o durante el brote de gripe aviar a finales de 2025 que acabó con más de 1.000 cigüeñas en el Parque Regional del Sureste. Los ecologistas insisten en que la recuperación económica de la zona no puede ejecutarse a costa de la conservación de la fauna y la flora autóctonas.