Hay algo peligrosamente normalizado en el debate político español: basta con señalar una mala gestión del dinero público para que se active, de inmediato, la maquinaria del insulto. No importa el rigor, los datos o la documentación. La respuesta nunca es una opinión contraria debidamente contrastada, sino una descalificación personal. Y eso dice mucho más del que insulta que del que critica.
Cuando la denuncia apunta a la izquierda, el veredicto es automático: fascista, reaccionario, viejo, mentiroso, idiota, embustero compulsivo, y algún adjetivo más . Cuando la crítica se dirige a la derecha, el manual es idéntico, salvo por el cambio de etiqueta: entonces eres directamente rojo, comunista, antisistema y otras lindezas por el estilo. El contenido de la crítica da igual. La verdad estorba. Lo único que importa es anular al que se atreve a señalar el fallo.
Este comportamiento es una estrategia. Cuando no se puede defender lo que haces con argumentos, atacas a quien denuncia. Es más fácil destruir al mensajero que explicar por qué se despilfarra el dinero de todos, por qué se gobierna mal o por qué se toman decisiones que benefician a unos pocos mientras se pide sacrificios ilimitados y casi inmorales al conjunto de la población.
Lo verdaderamente grave es que este método ha calado en amplios sectores sociales. Muchos adoctrinados ya no escuchan: reaccionan. No analizan: etiquetan. Han sido entrenados para pensar que criticar al poder es una forma de traición ideológica, y que obedecer sin cuestionar lo que promulga tu partido es una virtud democrática. Nada más lejos de la realidad.
El dinero público no pertenece a ningún partido. No es patrimonio de la izquierda cuando gobierna ni botín legítimo de la derecha cuando ocupa el poder. Es dinero de los ciudadanos. Y exigir que se gestione con responsabilidad no es radicalismo: es necesidad y sentido común. Sin embargo, en España parece que pedir explicaciones te convierte automáticamente en enemigo de alguien.
Este clima de fanatismo explica por qué se tolera lo intolerable. Por qué se justifican errores gravísimos. Por qué se minimizan escándalos. Por qué se mira hacia otro lado cuando los propios fallan, mientras se exige la máxima dureza contra los ajenos. Así se degrada una democracia: no por falta de leyes, sino por exceso de hipocresía.
Y mientras tanto, la realidad sigue ahí, incómoda y contundente: numerosos procesos judiciales pendientes de sentencia que afectan a responsables políticos de la derecha y de la izquierda. Lo que se ha judicializado, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de conducta. No es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de poder sin control y de ciudadanos anestesiados por el sectarismo.
CONVIENE DECIRLO ALTO Y CLARO: NINGÚN PARTIDO VA A DEFENDER NUESTROS DERECHOS SI ESO ENTRA EN CONFLICTO CON SUS INTERESES. Ninguno. Cuando se recortan libertades, cuando se deteriora el bienestar común o se dilapidan recursos públicos, no estamos ante errores técnicos, sino ante decisiones conscientes, protegidas por los intereses políticos y la complicidad de quienes prefieren insultar antes que pensar.
QUIZÁ HA LLEGADO EL MOMENTO DE ASUMIR UNA VERDAD INCÓMODA: PENSAR POR CUENTA PROPIA TIENE UN PRECIO. TE LLAMARÁN FASCISTA Y COMUNISTA, REACCIONARIO Y RADICAL, SEGÚN CONVENGA. PERO ESE PRECIO ES INFINITAMENTE MENOR QUE EL DE CALLAR. PORQUE UNA SOCIEDAD QUE RENUNCIA A CRITICAR AL PODER NO ES PLURAL NI LIBRE: ES DÓCIL. Y LA DOCILIDAD NUNCA HA SIDO UNA VIRTUD DEMOCRÁTICA, SINO EL PRELUDIO DEL ABUSO.
