Esta pasada semana los medios de comunicación nacionales se han hecho eco del que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan nuestra sociedad: la lucha contra la criminalidad organizada. La muerte en acto de servicio, el asesinato, de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva como consecuencia del enfrentamiento con narco criminales ha sido, sin duda, el detonante de este repunte informativo sobre un problema que asola las costas españolas, especialmente las andaluzas, desde hace ya varios lustros.
Desafortunadamente, una vez más, hemos podido ser testigos de la vacuidad de gran parte de la información recibida, la cual se ha venido centrando en las declaraciones y actitudes, muchas de ellas extemporáneas de algunos dirigentes políticos, que no hacen sino contribuir a expandir la cada vez más preocupante polarización de la sociedad española. Indudablemente es más que preocupante, escuchar a personajes políticos como Marlasca o Montero, ministro del interior y ministra de hacienda y vicepresidente primera, hasta hace unas pocas semanas, respectivamente, máxime porque la seguridad interior y pública está en manos del primero, mientras que la segunda es en quien recae la responsabilidad gestionar el enorme esfuerzo contributivo de los españoles.
Pero pocos medios han profundizado en el riesgo que representa el crimen organizado para España y cuáles podrían ser sus consecuencias sobre nuestra sociedad si no se adoptan las políticas necesarias para enfrentar un fenómeno tan complejo que compromete no solamente la seguridad ciudadana, sino que representa en sí mismo uno de los principales riesgos para la seguridad nacional.
Por ello, aprovechando, este espacio que me brinda el Consistorio Digital, propongo a los lectores esta reflexión sobre el crimen organizado en su relación con la Seguridad de España, la cual pretendo que sea ponderada, objetiva y realista. Para ello, tras una breve introducción para fijar los aspectos nodales de este fenómeno criminal, analizarlo en base a una serie de datos que nos permitirá identificar los hechos objetivos que definen su peligrosidad, y a partir de ellos extraer algunas asunciones para, así, identificar las posibles respuestas para enfrentar integral y coherentemente la criminalidad organizada. Pero, sobre todo, crear la conciencia en nuestros lectores de que este tipo de desafíos necesita la concurrencia de todos los esfuerzos de la sociedad, para lo que es esencial un conocimiento amplio del problema, permitiendo, de este modo, no caer en los efectos de los discursos populistas.
Qué se debe entender por criminalidad organizada y cuáles son sus principales señas de identidad
Sin entrar en definiciones académicas, el crimen organizado podría ser considerado como una red de redes, cuya actividad y efectos se extienden por diferentes campos. La criminalidad organizada no es algo novedoso, al contrario, se trata de un comportamiento tan antiguo como la humanidad, pero que en las sociedades de nuestros días ha alcanzado una dimensión mucho más impactante y peligrosa de la mano de la globalización.
Se podría identificar como una de sus principales señas de identidad el hecho de que los fines que persigue no tienen un carácter ideológico, ni siquiera político; sus objetivos son exclusivamente económicos, buscando el mayor beneficio para los grupos criminales. Esta condición genera un escenario de competencia extrema, no solamente entre estos grupos criminales y el Estado, sino entre ellos mismos en su pugna por el control de los territorios que consideran vitales para sus actividades ilícitas, generando lo que Jackson denomina “dilema de inseguridad”,[1] sobre el que volveremos más adelante.
Como su segunda seña de identidad se podría citar el hecho de que este tipo de grupos criminales tienen una estructura organizativa que les permite asegurar su extensión temporal. No se trata de una unión temporal para delinquir, sino que responde a una estructura organizativa jerarquizada y articulada en diferentes elementos y componentes con sus respectivos cometidos, funciones y responsabilidades dentro de la organización.
Estos dos rasgos distintivos del crimen organizado se ven, a su vez, potenciados por dos factores que obran como facilitadores: la transnacionalización y la corrupción e impunidad. Sobre el primero de ellos, se podría afirmar que la actividad y los efectos asociados a la criminalidad organizada se ven favorecidos por el hecho de ser un fenómeno transfronterizo que, como decía anteriormente, se favorecido por la globalización. De hecho, los grupos criminales actúan de manera similar a como lo hacen las grandes corporaciones empresariales, las cuales buscan garantizar su seguridad jurídica e inversión mediante la ubicación de su sede institucional en los lugares en los que quede protegida; rentabilizar su actividad comercial, estableciendo su base productiva en aquellos lugares en los que, manteniendo sus estándares de calidad, sus gastos sean menores; y finalmente comercializando sus productos en las zonas en las que se obtengan los mayores beneficios en base a los criterios mercantiles de la oferta y la demanda.
Así la criminalidad organizada encuentra en los Estados con mayor fragilidad los espacios adecuados para establecer su organización y su base productiva, mientras que los productos de sus mercados ilegales son comercializados en los países de mayor demanda. Ejemplo de ello es el caso del tráfico de drogas y de personas en el Mediterráneo, que tienen su origen e incluso, en ocasiones, el respaldo institucional en espacios de débil gobernanza, Marruecos o Argelia, por ejemplo, mientras que sus productos son introducidos en zonas en las que obtienen una considerable rentabilidad, como es Europa.
El segundo factor que actúa como multiplicador de la criminalidad organizada es la corrupción, lo que permite a los criminales operar con una gran impunidad tanto en sus lugares de origen como de destino. Asumiendo que el origen de la criminalidad organizada tiene su origen mayoritariamente en territorios de débil gobernanza con unos altísimos índices de corrupción, las organizaciones vinculadas a ella buscan debilitar la institucionalidad de los Estados receptores de sus actividades ilegales, encontrando en la corrupción una invaluable oportunidad para coludir a sus autoridades.
En síntesis, recopilando lo hasta aquí expuesto, podríamos considerar como aspectos clave que conforman la criminalidad organizada los siguientes:
- El crimen organizado tiene una naturaleza esencialmente transnacional, cuya finalidad no es otra que la de obtener grandes beneficios económicos de manera continuada en el tiempo.
- Las fronteras nacionales no son, en consecuencia, una barrera para el crimen organizado transnacional (COT), cuya actividad supera los límites territoriales en base los criterios de oferta y demanda para sus tráficos ilegales, así como para la protección de sus activos en paraísos fiscales.
- Los grupos criminales vinculados a este fenómeno delictivo no responden a unos modelos organizativos estandarizados, sino que son variables en su tamaño, organización y procedimientos de operación
- La criminalidad organizada se ve favorecida por la debilidad de la gobernanza y por la corrupción y la impunidad, representando un peligro potencial para penetrar en los niveles social y político de los Estados
Cuáles son los hechos en los que se sustenta la consideración de la criminalidad organizada como un riesgo para la seguridad nacional.
La dimensión económica del crimen organizado permite comprender las razones por las que este fenómeno excede ampliamente el ámbito de la seguridad pública e incluso interior de los Estados, para ser un problema de alcance global. Así se deduce de los informes de Naciones Unidas sobre la criminalidad organizada, estimando, por ejemplo, que las actividades de blanqueo vinculadas a las economías ilícitas representan entre el 2% y el 5% del PIB mundial, lo que sería equivalente a cantidades entre 2 y 5 billones de dólares anuales, cifras que son superiores a los PIB de algunas potencias medias. En el ámbito europeo, el mercado de la cocaína mueve anualmente varios miles de millones de euros, en el que España se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada de esta droga hacia Europa. Estas cifras permiten comprender que el verdadero peligro del crimen organizado no radica únicamente en su capacidad para cometer delitos, sino en su potencial para generar estructuras económicas paralelas capaces de penetrar instituciones, corromper autoridades, condicionar territorios y desafiar la capacidad coercitiva del Estado.
Centrándonos en el caso español considero oportuno aportar algunos datos que nos permitan interpretar la verdadera dimensión del problema en cuestión, limitándome a la actividad del narcotráfico, entendiendo que si bien no es ni mucho menos la única de las actividades ilícitas de los grupos criminales, sí que representa una de las que mayores beneficios les aporta:
- Se podría asumir que el tráfico de hachís es un asunto estructural en lo que se refiere al narco tráfico entre ambas orillas del Mediterráneo, en particular en lo que respecta entre Marruecos y Argelia con España. Solamente en 2024 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas intervinieron cerca de 199 toneladas de hachís procedente fundamentalmente del norte de África, especialmente de Marruecos, con un valor estimado de 1.500 millones de euros. Atendiendo a la magnitud económica del narcotráfico se puede inferir una peligrosa asimetría entre las capacidades financieras de las organizaciones criminales y las estructuras institucionales locales encargadas de combatirlas.
- El tráfico de cocaína representa actualmente una de las principales expresiones de la criminalidad organizada transnacional en Europa. España, por su posición geográfica y capacidad logística, se ha consolidado como una de las grandes puertas de entrada de esta droga hacia el continente europeo. En 2024 las FCSE españolas incautaron unas 120 toneladas, cuyo valor en el mercado podría haber alcanzado los 9.000 millones de euros, aproximadamente seis veces más que el comercio del hachís.
- El narcotráfico contemporáneo ya no responde a estructuras criminales aisladas, sino a verdaderas cadenas logísticas transnacionales que integran productores sudamericanos, cárteles mexicanos, redes subsaharianas, organizaciones criminales marroquíes y plataformas de distribución europeas. El eje Sahel-Magreb-Estrecho se ha convertido progresivamente en un espacio de convergencia de actividades ilícitas relacionadas con la criminalidad organizada, facilitado por la fragilidad estatal y la debilidad de la gobernanza.
- El narcotráfico funciona mediante una lógica de resiliencia económica, en la que las organizaciones criminales asumen las pérdidas derivadas de las incautaciones como un coste operativo integrado en su modelo de negocio. En el caso de la cocaína, diferentes estimaciones sitúan el volumen decomisado aproximadamente entre el 10% y el 20% del total efectivamente transportado. Esto supondría, de acuerdo con los datos anteriores, que solamente el mercado de la cocaína representaría un volumen de unos 600.000 millones de euros, o lo que es lo mismo el 40% del PIB de España.
En síntesis, la configuración geográfica y política del corredor del Mediterráneo occidental ha favorecido la consolidación de un auténtico espacio estratégico para la criminalidad organizada transnacional. Marruecos se ha convertido en el nodo central para las redes dedicadas al tráfico de ilícitos como consecuencia de su posición privilegiada sobre el Estrecho de Gibraltar, de su tradicional vinculación con la producción y distribución de hachís y de su papel como plataforma logística entre África y Europa. Este corredor estratégico tiene una extensión hacia el sur para incluir a Mauritania y otros Estados frágiles del Sahel como espacios de tránsito, almacenamiento y conexión entre los productores y cárteles latinoamericanos y las redes criminales norteafricanas y europeas, aprovechando para ello la debilidad institucional, la corrupción y el limitado control territorial existente en amplias zonas de esa región.
Por su parte España, y de una manera muy particular Andalucía por su posición geográfica, representa la principal región de entrada y redistribución de los tráficos ilícitos hacia Europa occidental, aprovechando la amplitud de sus costas, así como la intensa actividad en sus puertos y redes logísticas. Este complejo entramado lo completa Gibraltar, aportando un entorno históricamente favorable para determinadas actividades opacas vinculadas al blanqueo de capitales y la protección financiera de activos ilícitos.
La interrelación de todos estos espacios configura una arquitectura criminal transnacional cuya complejidad excede ampliamente el ámbito de la delincuencia convencional para proyectarse directamente sobre la seguridad nacional y europea.
Qué estimaciones e hipótesis se pueden establecer sobre la expansión de la criminalidad organizada en el Sur de España.
Llegados a este punto y para evitar caer en especulaciones alarmistas, recurriremos a formular una serie de asunciones basadas en consideraciones que, si bien no tienen la certeza de los hechos arriba referidos, sí que están sustentadas sobre modelos proyectivos que permiten reducir el nivel de incertidumbre. Como punto de partida formulamos dos estimaciones:
- Insuficiencia e inadecuación de medios y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La expansión y sofisticación del crimen organizado en el sur de España parece haber superado progresivamente las capacidades tradicionales de respuesta de las FCSE. La magnitud económica de las redes criminales, su creciente acceso a medios tecnológicos y logísticos avanzados, su elevada movilidad y su capacidad para operar simultáneamente en múltiples jurisdicciones generan una evidente asimetría frente a unas estructuras policiales sometidas a limitaciones materiales, normativas y operativas. La violencia creciente observada en determinadas zonas del litoral andaluz podría interpretarse como un síntoma de esta pérdida progresiva de capacidad disuasoria del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas.
- Ausencia de políticas de Estado efectivas
A pesar de la creciente relevancia estratégica del fenómeno, España continúa afrontando la criminalidad organizada principalmente desde una lógica reactiva y sectorial, centrada casi exclusivamente en la dimensión policial y judicial. La ausencia de una política integral de Estado dificulta abordar adecuadamente factores estructurales como la corrupción, el blanqueo de capitales, la penetración social del narcotráfico, la cooperación internacional, el control fronterizo, la dimensión económica del fenómeno o la degradación institucional en determinadas zonas especialmente afectadas. Esta fragmentación estratégica favorece la adaptación y la resiliencia de las organizaciones criminales.
Junto a estas dos estimaciones, basadas en información disponible y sustentadas por un razonamiento lógico, formularemos, a continuación, dos hipótesis que a diferencia de las anteriores estimaciones, precisarían ser constatadas en su evolución:
- Expansión de los cárteles mexicanos hacia Europa a través del corredor del Mediterráneo Occidental
La creciente importancia del eje Sahel-Magreb-Andalucía como corredor logístico del narcotráfico podría favorecer una expansión progresiva de la influencia de los grandes cárteles latinoamericanos, especialmente mexicanos, sobre las redes criminales europeas. Más allá de la mera exportación de droga, estas organizaciones podrían buscar consolidar estructuras permanentes de apoyo logístico, blanqueo, distribución y protección operativa en territorio europeo, reproduciendo parcialmente modelos ya observados en América Latina caracterizados por una elevada capacidad económica, corrupción institucional y extrema violencia criminal.
- Incremento de la competencia entre grupos criminales y expansión de espacios sin gobierno.
La expansión de los mercados ilícitos y la creciente internacionalización de las redes narcotraficantes podrían generar un incremento de la competencia entre organizaciones criminales por el control de rutas, puertos, zonas logísticas y espacios de distribución. Este escenario favorecería la aparición de un auténtico “dilema de inseguridad” entre grupos criminales rivales, impulsando procesos de militarización, incremento de armamento, mayor violencia y expansión de mecanismos de intimidación sobre la población y las instituciones. La experiencia observada en determinados países latinoamericanos evidencia cómo esta dinámica puede erosionar progresivamente la capacidad coercitiva del Estado.
Y como punto final de esta apartado dedicado a las asunciones, nos planteamos adentrarnos en los futuribles para establecer una predicción que si bien se apoya en situaciones actuales, tiene una marcada condicionalidad, debiendo, en consecuencia asumir que su fiabilidad es susceptible de variar en base a la evolución de las variables que intervienen en la definición del problema, que en este caso es la evolución de la criminalidad organizada en España como uno de los principales desafíos de la Seguridad Nacional.
- Riesgo de permeabilidad social y aparición de espacios de débil gobernanza
De mantenerse las tendencias actuales sin una respuesta estratégica integral, existe el riesgo de que determinadas zonas especialmente afectadas por el narcotráfico experimenten procesos progresivos de permeabilidad social, económica e institucional frente a las organizaciones criminales. La normalización social del dinero ilícito, la dependencia económica de actividades vinculadas al narcotráfico, la corrupción local y la pérdida de capacidad disuasoria del Estado podrían favorecer la aparición de espacios de gobernanza degradada o de “soberanía limitada”, donde el poder efectivo de las organizaciones criminales llegue a competir parcialmente con la autoridad estatal. Aunque España se encuentra aún lejos de escenarios observados en algunos países del continente americano, determinadas dinámicas detectadas en el sur peninsular aconsejan evitar cualquier percepción de inmunidad institucional frente a este fenómeno.
Cómo debe el Estado enfrentar este fenómeno complejo. Posibles respuestas
La lucha contra la criminalidad organizada exige comprender que nos encontramos ante un fenómeno complejo cuya dimensión supera ampliamente el ámbito estrictamente policial. La capacidad económica, logística y transnacional alcanzada por muchas de estas organizaciones criminales permite establecer ciertos paralelismos con los conflictos asimétricos contemporáneos, en los que actores no estatales aprovechan las limitaciones normativas, jurídicas y operativas propias de los Estados democráticos para maximizar su libertad de acción. Esta situación genera una evidente asimetría en favor de los grupos criminales, especialmente cuando el Estado proyecta una limitada capacidad disuasoria frente a organizaciones cada vez más violentas, sofisticadas y resilientes. Para compensar esta supuesta ventaja de los grupos criminales, las FCSE, además de contar con capacidades y medios adecuados a la naturaleza de la amenaza, así como con menores restricciones en lo que respecta a la uso legítimo de la fuerza
En consecuencia, el Estado debe reafirmarse como el principal referente en la respuesta frente a esta amenaza, asumiendo integralmente responsabilidades que van mucho más allá de la mera actuación policial. El control efectivo de fronteras, la aplicación sostenida de la ley, la protección de las instituciones, la preservación de la cohesión social y el impulso al desarrollo económico de las zonas especialmente afectadas constituyen elementos esenciales para evitar la consolidación de espacios permeables a la criminalidad organizada. Del mismo modo, resulta imprescindible integrar todos los esfuerzos institucionales bajo una dirección estratégica coherente que impida la fragmentación de capacidades y políticas.
Esta respuesta debe sustentarse necesariamente en una lógica integral y preventiva. La Inteligencia adquiere en este contexto un papel fundamental para anticipar amenazas, identificar tendencias, detectar estructuras de apoyo y comprender la evolución de las redes criminales transnacionales. Pero la actuación del Estado no puede limitarse únicamente a la persecución de los grupos armados o de los operadores logísticos visibles del narcotráfico; debe extenderse igualmente hacia las estructuras financieras, económicas, empresariales y sociales que facilitan la consolidación de estas organizaciones mediante el blanqueo de capitales, la corrupción o la protección de intereses ilícitos. Solamente una política de Estado sostenida en el tiempo, transversal y apoyada por el conjunto de las instituciones permitirá enfrentar eficazmente un fenómeno que representa ya uno de los principales desafíos para la Seguridad Nacional española.
Corolario.
El principal peligro de la criminalidad organizada no reside únicamente en su capacidad para generar violencia o enriquecimiento ilícito, sino en su potencial para erosionar progresivamente la fortaleza institucional del Estado y alterar la relación entre la sociedad y la legalidad. La experiencia observada en diferentes regiones del mundo demuestra que estos procesos no se producen de manera repentina, sino mediante dinámicas graduales de corrupción, normalización social, penetración económica y debilitamiento de la autoridad. España se encuentra aún lejos de escenarios extremos, pero precisamente por ello resulta imprescindible actuar con anticipación, coherencia estratégica y voluntad política sostenida para evitar que un problema de seguridad pública termine transformándose en una amenaza estructural para la Seguridad Nacional.
[1] Término al que se refiere Richard Jackson para referirse a la situación de inseguridad que se genera en los Estados frágiles como consecuencia de la concurrencia en la debilidad en su gobernanza y la expansión de grupos armados sin control por el gobierno en continua competencia y confrontación. “Una visión amplia de la seguridad” De Miguel. Amazón. 2023
