Ladrillazo de la españa de los 80.

En la nueva España del 78 hasta hoy, los Políticos han llegado gestionar más de 6.864.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que fueron destinadas a familias de clase media trabajadora con precios asequibles, según datos de Colegios de Arquitectos y del Ministerio de Fomento, y no se conoce de que aquellas medidas habitacionales con precios razonables al poder adquisitivo de la población de clase media trabajadora ocasionasen gran ruina en el país.

Esos datos indican, que entre Vivienda privada y pública con sus residentes empadronados en ellas sumaban 18.536.616 a finales de 2021, y como segundas o terceras Viviendas otras 8.087.092.

Desde el año 78, las distintas Politiquerías llegadas al Gobierno en base al supuesto Estado de Derecho Constitucional y Democrático, comenzaron recaudar y gestionaron MILES de MILLONES de las Arcas Públicas al controlar las Ventas y Alquileres de las VPO ya existentes, frenando drásticamente durante décadas nuevas inversiones de este bien de primerísima necesidad. Recientemente, desde el año 2016 hasta 2023, solo consta que construyeron y entregaron 64.000 Viviendas sociales por todo el territorio español. La población aumentaba considerablemente pero los Políticos no se dignaban en reinvertir los MILLONES aportados por sus mismos contribuyentes en nuevas VPO y casi nada en su rehabilitación.

Para semejantes Políticos, ignorar el Mandato estipulado en el artículo 47 de la Constitución Española no es delito. Tampoco consideran delito premiar a los “gestores” de los Fondos Buitres, por admitir a su vez que mercadeen y abusen de la ciudadanía especulando sobre el Derecho a la Vivienda. Así extendieron la alfombra inmobiliaria especulativa a los sectores privados y financieros, enmascarados como fieles servidores de lo público simulando mejorar la vida de la ciudadanía, pero lo cierto ha sido al contrario, en favor de Entidades de inversores Buitres y opacos contra el acceso humano al DERECHO a La VIVIENDA.

Es decir, en 1980, de aquella población de 37.635.389 habitantes, CUATRO personas de cada CINCO, vivían en Vivienda Pública o semi-Pública pagando precios de Alquileres cómodos y asequibles, en paralelo o similares a lo que se pagaba por vivir en Vivienda privada, y NINGÚN MERCADO ni nadie cayó en ruina. En aquellos años no se apreciaba precios abusivos ni falta de pago o dramáticos Desahucios judiciales. El acceso a la Vivienda de hoy necesita el sueldo de UN MES de un mediano trabajador y otro, para el resto de gastos, eso sí que es ruina chocando con el progreso y el futuro de los españoles.

En 1991, del total de Viviendas públicas y privadas de uso principal o habitual, el 80% de la población vivía en Vivienda con alguna aportación de DINERO Público  o íntegramente de Protección Oficial, luego bajó el acceso vivir en la pública al 30% hasta 2001, y se desplomó en picado vivir en la pública hasta situarse al 1,6% en 2023. España necesita 1.800.000 Viviendas Sociales asequibles para alcanzar la media del 9% que se registra entre los países de la Unión Europea.

Las Administraciones Públicas desde aquel año 80, han VENDIDO 5.400.000 VPO y la pasaron a manos privadas sin reinvertir en nuevas Viviendas sociales, mientras la población española crecía a 48.592.909 habitantes (un 22,55%). Y por otra parte, los Políticos tras el ¡¡ BOOUM !! provocado por la conocida ESTAFA inmobiliaria financiera de 2007, ADMITEN REGALARLES a los Banqueros, la MILLONADA que se les prestó en 2012 equivalente a 750.000 Viviendas Dignas y Adecuadas, precisamente recaudada, de la misma ciudadanía de clase media trabajadora española que en su día les adquirieron VPO.

Hasta el año 2000, el acceso a la VIVIENDA pública o privada se abonaba entre un 5% y un 15% de los salarios medios provinciales. Regular la contratación del acceso a la Vivienda por provincias a sus residentes al 25% del salario medio provincial reactiva la vida social y económica de cada zona habitacional, pero se ve que los Políticos NO QUIEREN porque entienden incitar competencia desleal, evidenciando, que entre ellos existe intereses directos e indirectos aunque aparentemente se muestre beneficiados los opacos “gestores” de Fondos Buitres e Inmobiliarios y demás Banqueros.

Y así nos va.

Consulten este recién estudio sobre la Vivienda con datos y gráficos concluyentes: https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Revista-del-IEE-N.o-1-2024.-La-colaboracion-publico-privada-y-el-reto-de-la-vivienda.pdf

Juan José Sánchez Romero

Colaborador de “El Consistorio”

Activista Afectados por la Hipoteca

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Tags: El Atril de Juan José Sánchez

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