La Xunta cierra las negociaciones, con las cerca de 1500 trabajadoras de cuidados, sin acceder a escuchar sus reivindicaciones. La discriminación indirecta convierte los Servicios Sociales y los cuidados en los sectores donde más se concentra la precariedad laboral.
El caso de las trabajadoras de las escuelas infantiles y servicios de mayores dependientes de la Xunta, que siguen este noviembre en huelga tras más de dos años de lucha, pone de manifiesto la discriminación indirecta de los sectores más feminizados de la Administración. Así lo entiende la abogada laboralista Rita Giraldez “No se comprende, sin un contexto claramente discriminatorio, que un servicio que afecta a cerca de 1500 personas, de las que un 90% son mujeres, convocara todas las plazas como temporales, pese a exigir un concurso-oposición”.
Las trabajadoras de cuidados, dependientes del “Consorcio Galego de Igualdade e Benestar” se presentaron a una oposición para puestos temporales. Estos ejercicios fueron en muchos casos más duros que los que se establecían para la selección de personal fijo en otras entidades de derecho público de sectores masculinizados.
En una aplastante mayoría hablamos de mujeres con cargas familiares, que superan los 40 años de edad y que llevan 15 años con contratos temporales fraudulentos. Mujeres que accedieron a la Administración Pública a través de los mismos sistemas de selección que el personal fijo de las demás entidades públicas. A pesar de esto la Xunta se niega a escuchar sus reclamaciones, planificando el desmantelamiento de los equipos que atienden a niños y mayores.
Queda así clara la nula importancia que las autoridades competentes otorgan al feminizado sector de los cuidados en contraste, por ejemplo, con los Jefes de área del Centro de Innovación y Servicios tecnológicos de la Madera, que fueron seleccionados con un concurso de mérito más entrevista. Un claro ejemplo de discriminación indirecta, una forma de discriminación muy normalizada, ya que al afectar a sectores enteros resulta altamente invisible.
Recalcan desde la CNT que se estarían incumpliendo normas legales fundamentales en materia de igualdad, como la directiva europea de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta Social Europea y las leyes españolas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y la no discriminación. La sección sindical de la CNT en el Consorcio también registró una petición a las vicepresidentas de la Comisión para la Igualdad del Parlamento de Galicia para que traten este asunto y citen a comparecer ante ella al gerente.
