Para entender cualquier problema es necesario, en primer lugar, definirlo e identificarlo, lo que entraña gran dificultad en el caso de la corrupción, en primer lugar, porque la corrupción engloba numerosas conductas mayoritariamente conocidas, pero casi nunca bien definidas y tipificadas legalmente. En segundo término, porque siendo conductas apartadas de la ley y merecedoras de un castigo, se practican a la sombra o de manera clandestina, y los que la ejercen de manera cotidiana o los que la cultivan como forma de vida intentan ocultar sus huellas y desaparecer el cuerpo del delito.
El movimiento global “Transparencia Internacional”, organización no gubernamental comprometida con la lucha contra la corrupción y el apoyo a las víctimas de esta importante lacra social, aporta una visión genérica de este fenómeno al definirlo como: «el abuso del poder para beneficio privado«, confiriendo a la corrupción su dimensión política. Asimismo, esta organización establece una división importante al referirse a la percepción de la corrupción, por una parte la que se refiere al uso de prácticas que no responden a un comportamiento ético, lo que podría identificarse con su dimensión social; junto a otro aspecto de mayor gravedad, que es el que se corresponde cuando su alcance afecta a la institucionalidad, distorsionado las políticas y el propio funcionamiento del Estado
Así podríamos considerar la corrupción como un fenómeno social, político y económico de gran complejidad, que afecta, en diferentes campos y alcance, a la inmensa mayoría de las sociedades. Sus manifestaciones abarcan un amplio espectro, una de ellas se refiere a determinadas acciones o conductas irregulares en el comportamiento de las personas. Otra de sus expresiones sería la relacionada con la comisión de delitos asociados a la corrupción, como el soborno, el fraude, evasión de capitales, etc. Y, por último, incluir las que revisten una mayor gravedad al poner en riesgo el propio Estado de derecho como serían los casos de nepotismo, prevaricación, tráfico de influencias, etc. Especialmente en este último escenario, la corrupción produce una fractura en la institucionalidad de los Estados que socava las bases de la democracia, distorsionando los procesos electorales y, a la vez degrada el imperio de la ley, afectando la gobernanza.
Estas consideraciones iniciales sobre el fenómeno de la corrupción nos permiten una primera aproximación al problema de la corrupción en su relación con la resiliencia del Estado, el cual para dimensionarlo estableceremos las siguientes hipótesis de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la corrupción no debiera ser considerada como un riesgo en sí mismo a la seguridad nacional, sino como un factor multiplicador de algunos de ellos. La segunda premisa que orienta este estudio se refiere a la necesidad de dimensionar adecuadamente el problema, siendo pertinente diferenciar la dimensión sociocultural de la corrupción de la que afecta al orden institucional, asumiendo que es esta última la que tiene un impacto directo sobre la seguridad nacional, en la medida que degrada el Estado de derecho y, a la vez, es un facilitador de riesgos y multiplicador de sus efectos. Como tercera hipótesis se establece su relación indisoluble con la impunidad, pudiendo ser considerada ésta como la cara oculta de la corrupción y el factor determinante en su afectación a la seguridad.
El fenómeno de la corrupción es sin duda un problema global que afecta de manera directa o indirecta a la gran mayoría de los países y que tiene unas repercusiones evidentes sobre la seguridad internacional. España, evidentemente, no se queda al margen de este controvertido asunto, al contrario, a pesar de que sus índices de corrupción no son hoy por hoy alarmantes, su deterioro en los últimos años obliga a hacer una llamada de atención. Asumamos que son pocos los Estados que colapsan exclusivamente por la existencia de corrupción, pero son numerosos los Estados que han visto degradada su capacidad de gobernanza, cohesión y seguridad como consecuencia de su normalización institucional y por ello deberíamos preguntarnos si nuestro país corre el peligro de perder su fortaleza como consecuencia de una corrupción que es potencialmente susceptible de permear las instituciones. Por ello, la visión estratégica de este fenómeno debe ir más allá de asumir el hecho de la existencia de conductas y prácticas ilícitas, para orientarse a la percepción social de que el propio Estado tiene la capacidad y la voluntad para corregirlas.
Corrupción social y corrupción institucional: un mismo problema con manifestaciones diferentes.
Como exponía con anterioridad, la corrupción abarca un amplio abanico de actividades y manifestaciones, incluyendo aquellas que se encuentran asociadas a las asunciones básicas que conforman el estrato más profundo de la cultura de una sociedad para influir en la percepción del fenómeno y por ende en conformar su comportamiento. Muestra de ello sería la diferente justificación ante un mismo hecho, como puede ser por ejemplo el uso no autorizado de la propiedad intelectual, el cual tiene una impresión más o menos laxa o rigurosa en función de los sectores sociales considerados; o el desigual rigor que se aplica ante pequeños quebrantos de obligaciones retributivas y fiscales en algunos países.
Otro de los ámbitos con los que se identifican las prácticas corruptas, de mayor visibilidad, son aquellos relacionados con la comisión de determinados delitos, tales como el soborno, fraude, nepotismo, lavado de dinero y un largo etc. La mayoría de las agencias que investigan este fenómeno se centran en la percepción que este tipo de actividades ilícitas tiene sobre la sociedad, por cuanto reducir la corrupción al ámbito exclusivo penal constituiría una simplificación del problema. A diferencia de los comportamientos aceptados informalmente por algunos sectores sociales, referidos en el párrafo anterior, estas prácticas delictivas tienen un impacto directo en su racionalización por la sociedad. Si la sociedad no percibe de una manera clara que este tipo de delitos es perseguido por los poderes públicos tiene tendencia a normalizar estas conductas e incluso justificarlas. Un ejemplo claro de esta aproximación a la incidencia de la corrupción es como en determinadas zonas la población apoya a los grupos relacionados con la criminalidad organizada.
Si lo anterior se podría circunscribir al ámbito social, el recorrido de la corrupción es mucho mayor, alcanzando a la propia estructura del Estado, afectando a su propia institucionalidad, su legitimidad democrática y al imperio de la ley. En este sentido, autores como Robert D. Putnam han vinculado la tolerancia social hacia determinadas prácticas irregulares con la debilidad del capital social y de la cultura cívica, mientras que estudios sobre gobernanza e integridad institucional, como los desarrollados por Susan Rose-Ackerman, destacan que el verdadero riesgo estratégico aparece cuando la corrupción penetra las instituciones públicas, degrada los mecanismos de control y favorece dinámicas de impunidad capaces de erosionar progresivamente el Estado de derecho.
Esta dimensión institucional es su parte más visible, la punta del iceberg de la corrupción, definiendo el límite cuando la corrupción deja de constituir únicamente un problema ético, económico o judicial para adquirir su condición de desafío a la Seguridad Nacional.
La impunidad y la corrupción como factores multiplicadores de los riesgos para la Seguridad Nacional.
Atendiendo a lo expuesto en el punto anterior, se podría inferir que la corrupción podría ser considerada como algo asumible dentro de ciertos límites. Así, se podría afirmar que ningún sistema político, ninguna sociedad no Estado está libre de corrupción; se trata de un fenómeno social y, en consecuencia, está sujeto a su dimensión cultural, siendo la racionalización que de él se haga lo que le confiere su calidad de riesgo. Así pues, la disyuntiva estratégica no reside en su propia existencia, sino en la capacidad institucional para su control y confrontación.
En esta línea argumental, se identifica precisamente la impunidad como el verdadero punto de inflexión para que la corrupción se limite a un fenómeno no deseable, para convertirse en un desafío para la fortaleza de las instituciones. Es entonces cuando la corrupción adquiere su verdadera dimensión como desafío estratégico; es decir, cuando deja de percibirse como una anomalía perseguida por el sistema y comienza a ser interpretada socialmente como una práctica tolerada, selectivamente castigada o incluso funcional, atendiendo al propio entramado institucional. Es en ese momento, cuando el problema deja de ser exclusivamente jurídico o político para convertirse en un factor de erosión de la legitimidad del Estado.
A lo anterior se debiera añadir también la dimensión económica del problema en cuestión, por cuanto la corrupción degrada la eficiencia del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y limita la capacidad financiera del Estado para sostener políticas de seguridad, defensa, cohesión social y desarrollo estratégico. Desde esta perspectiva, este fenómeno no se limita de manera exclusiva a erosionar la legitimidad institucional, sino también afecta gravemente las capacidades materiales sobre las que se sustenta la fortaleza del Estado.
Asumimos pues que corrupción e impunidad constituyen dos dimensiones inseparables de un mismo fenómeno y que representan un desafío incuestionable para la Seguridad Nacional. Lo que ya no resulta tan evidente es que deban ser consideradas por sí mismas como un riesgo o una amenaza, especialmente si se atiende a la naturaleza y alcance de sus efectos sobre la seguridad del Estado.
Pero antes de seguir adelante conviene detenernos un momento para fijar la comprensión conceptual de algunos términos en su relación con la seguridad, que en ocasiones son utilizados indistintamente y que tienen significados diferentes, como es el caso de los que se refieren a desafíos, riesgos y amenazas.
- Desafío. Circunstancia, tendencia o fenómeno de carácter estructural que condiciona el entorno de seguridad y exige capacidades de adaptación y respuesta por parte del Estado, sin implicar necesariamente una intencionalidad hostil o un daño directo e inmediato. “La corrupción es un desafío que condiciona la gobernanza y la resiliencia del Estado”
- Riesgo. Resultado de una acción o fenómeno que puede provocar unos efectos directos o indirectos sobre algo que tiene un determinado valor para la organización. “La corrupción incrementa la probabilidad e impacto de los riesgos”.
- Amenaza. Situación y/o agente relacionado con el origen de los riegos y que manifiestan intención o potencial para causar un daño. Las amenazas son más tangibles que los riesgos.
La corrupción adquiere la condición de amenaza cuando es utilizada deliberadamente por actores criminales, económicos o estatales”
A la vista del alcance de estos tres conceptos enunciados, no parece pues oportuno considerar de una manera absoluta la corrupción como un riesgo o una amenaza en sí misma a la Seguridad Nacional, solamente en casos muy extremos podría adquirir esta condición. Lo que sí es evidente que se trata de un desafío incuestionable, en la medida que condiciona la resiliencia y la gobernanza de los Estados, pero sobre el que es necesario establecer la premisa de su influencia directa sobre la seguridad nacional, actuando como un multiplicador de algunos de los riesgos y amenazas que infieren sobre ella. A continuación, me voy a referir a aquellos que identificados explícita o implícitamente por la Estrategia de Seguridad Nacional considero que la corrupción ejerce un mayor efecto potenciador.
- Crimen organizado. Posiblemente sea este riesgo en el que resulta más evidente la condición de la corrupción como multiplicador de riesgos. En primer lugar, es un facilitador para la infiltración de criminalidad organizada en la sociedad, así como el factor fundamental para su resiliencia. Además, degrada los mecanismos de control y la capacidad del Estado para hacer frente a la amenaza que representan los grupos criminales, facilitando con ello la impunidad. Así, de la mano de la corrupción e impunidad, el crimen organizado penetra económica e institucionalmente en la estructura política y social de los Estados, llevándolos a una creciente fragilidad, lo que al fin y a la postre supone una ventaja estratégica para los citados grupos criminales.
- Amenazas híbridas e injerencias exteriores. Este es uno de los riesgos más preocupantes del entorno de la seguridad internacional de nuestros días, sobre el que la corrupción también ejerce un efecto potenciador. Ya se ha mencionado que la corrupción contribuye a incrementar la debilidad institucional, lo que a su vez facilita la influencia de negativa de intereses de potencias adversarias, así como la infiltración de agentes hostiles amparados por ellas. Por otra parte, y no menos importante, uno de los efectos más preocupantes de este tipo de riesgos es precisamente el debilitamiento de la cohesión interna de las sociedades de los Estados afectados por ellos, pero a la vez la corrupción es un facilitador en la medida que la afectación a la cohesión social es una de sus manifestaciones.
- Ciberamenazas y protección de infraestructuras críticas. En este caso la influencia de la corrupción no lo es tanto por su relación directa con estos riesgos, sino por su capacidad para degradar la resiliencia de los Estados. La corrupción e impunidad son en sí mismas un factor determinante en el deterioro institucional, lo cual se ve facilitado por algunas prácticas asociadas a este fenómeno como son la creación de redes clientelares, la malversación y contrataciones opacas que redundan en una débil profesionalización, lo que unido a la ausencia de controles degeneran la fortaleza del Estado.
- Desinformación y polarización. En este caso, a diferencia de los riesgos considerados anteriormente, la corrupción no se encuentra asociada a la inseguridad física, sino a algo más profundo y complejo para mitigar como es la propia cohesión social y política de los Estados. En este caso, más importante que la presencia de la corrupción es la percepción que de ella tiene la sociedad, en la medida que erosiona la confianza institucional, alimenta los discursos antisistema y favorece la radicalización, contribuyendo a un claro incremento de la fractura social.
- Debilitamiento institucional. Si bien es cierto que la ESN no lo considera explícitamente como un riesgo o amenaza, la corrupción es un factor determinante para la quiebra institucional, afectando a no solamente a su resiliencia, sino a su propia gobernanza y a su legitimidad democrática, poniendo en riesgo el propio Estado de derecho. Y es que la corrupción no solamente tiene una relación directa con los riesgos y amenazas que comprometen la seguridad nacional, sino que degrada las instituciones y los mecanismos que la sostienen y con ello una mayor vulnerabilidad a otros tipos de riesgos.
En síntesis, el verdadero problema estratégico no es la existencia de conductas corruptas aisladas, sino la percepción social de que el sistema es incapaz o no tiene voluntad de corregirlas. Cuando la corrupción deja de percibirse como una anomalía y comienza a ser interpretada como parte funcional del sistema, el problema trasciende el ámbito judicial para convertirse en una cuestión de Seguridad Nacional
España: una llamada de atención, no un escenario de colapso.
Comenzaremos este último punto señalando que Europa es la región del mundo con unos menores índices de corrupción, de hecho, ocho países europeos se encuentran entre los diez primeros menos corruptos, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente a 2025; y, además, la práctica totalidad de los 27 Estados miembros de la UE se encuentran en el primer tercio de dicho IPC. A pesar de ello, los países europeos en su conjunto han experimentado un preocupante retroceso en lo que se refiere a la percepción de la corrupción, motivo por el que el que el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo su primera directiva anticorrupción, focalizándose en delitos como el soborno, la apropiación indebida y el enriquecimiento ilícito.
Ya hemos visto a lo largo de estas líneas que unos índices bajos en la percepción de la corrupción suele ser un buen indicador del funcionamiento del sistema democrático y de la salud institucional y política que tiene un país. Un Estado corrupto no deja de ser un sistema en el que los poderes no se controlan entre sí, bien porque no existe separación entre ellos, bien porque los mecanismos de control se encuentran anulados o subsumidos, lo que rompe el equilibrio de poder característico de un Estado de derecho. En este peligroso y no deseado escenario, la rendición de cuentas ante la ciudadanía está simplemente desaparecida y en algunos casos los ciudadanos tampoco las exige, lo que debilita el sentimiento colectivo de la sociedad sobre el significado del correcto uso de los recursos públicos para el bienestar general.
Pero el problema de la corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional, no sólo tiene que ver con la debilidad normativa o el deterioro de los mecanismos de control, sino también con los ataques por parte de los gobernantes contra la sociedad civil, los medios de comunicación y los denunciantes. Este tipo de situaciones dificulta la detección de los abusos de poder y supone un claro desafío para los estándares democráticos.
España, como la mayoría de los países de la Unión Europea, no presenta actualmente indicadores propios de un Estado estructuralmente corrupto ni de una democracia en situación de fragilidad crítica. Sin embargo, la evolución de determinados indicadores internacionales evidencia un progresivo deterioro de la percepción institucional y de algunos factores asociados a la resiliencia del Estado, circunstancia que justifica una reflexión desde la perspectiva de la Seguridad Nacional.
Abundando en esta idea, conviene señalar que nuestro país sigue estando entre los que tienen unos mejores indicadores sobre la percepción de la corrupción. Pero no es menos cierto en desde 2015 ha retrocedido 15 puestos en el IPC, ocupando actualmente el número 51, el 17 de los 27 Estados miembros de la UE. Tampoco, se puede asociar a España a un Estado frágil o ni siquiera inestable, así lo corrobora la organización Fund for Peace en su índice anual sobre la fragilidad de los Estados, situándola en el puesto 148 en su último informe publicado (2024) sobre 179 países evaluados.[1] Pero como en el caso anterior, España ha tenido una valoración inferior, ascendiendo 7 puestos, pero manteniéndose dentro de la zona estable de la tabla.
Sin embargo, la evolución de algunos indicadores vinculados a legitimidad institucional, polarización y percepción de corrupción apuntan a determinadas dinámicas de deterioro que aconsejan una reflexión desde la perspectiva de la resiliencia del Estado y de la Seguridad Nacional. Por ello, propongo para cerrar este breve estudio analizar la influencia de la corrupción en España sobre los cinco riesgos arriba enunciados.
Ya hemos mencionado que el crimen organizado es posiblemente el que tenga una relación más directa con la corrupción e impunidad a ella asociada. En lo que se refiere a su incidencia en España, caben dos consideraciones iniciales, la primera es que, si bien la criminalidad organizada ha estado presente desde hace décadas en diferentes zonas del territorio español, en los últimos lustros sus niveles de peligrosidad e intensidad se han multiplicado exponencialmente, afectando seriamente a la seguridad ciudadana, especialmente en algunos lugares del sur del país. La segunda consideración que expongo es que si bien no se puede hablar de una corrupción social e institucional generalizada, las políticas adoptadas en estos últimos años conducen a un peligroso deterioro de algunas de las corporaciones del Estado responsables de la lucha contra este fenómeno criminal.
El desmantelamiento de unidades de las FCSE especializadas en la lucha contra el narcotráfico; la falta de medios de dichas fuerzas, unida a las limitaciones para ejercer una disuasión efectiva sobre los grupos criminales; la limitación de las herramientas fiscales y jurídicas que permitan la prosecución del delito con una mayor eficacia; la falta de transparencia en determinados acuerdos en materia de política exterior con países directamente vinculados con la delincuencia organizada, en particular Marruecos o Argelia, y con el Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar. Todas estas decisiones políticas coadyuvan a crear un escenario en el que los grupos criminales tienen una clara ventaja estratégica y, por ende, supone un riesgo de primer orden para la Seguridad Nacional.
Otro de los riesgos citados en el punto anterior es el que se refiere a las ciberamenazas, especialmente en aquellos entornos donde la corrupción favorece la aparición de redes clientelares. Estas dinámicas corruptas sustituyen progresivamente los criterios de capacidad técnica, control y transparencia por relaciones de dependencia política o económica, debilitando con ello los mecanismos de supervisión y aumentando la vulnerabilidad de estructuras críticas frente a amenazas cibernéticas. En este contexto, la excesiva concentración de influencia política sobre sectores estratégicos, organismos reguladores o grandes operadores tecnológicos puede derivar en fenómenos de captura institucional incompatibles con los principios de neutralidad, competencia y resiliencia que requiere la Seguridad Nacional. En España en los últimos años se ha venido observando un preocupante incremento de lo que se conoce como “puertas giratorias”, una creciente politización de los organismos reguladores, y una creciente influencia gubernamental sobre operadores estratégicos.
Siguiendo con este análisis sobre las repercusiones en España del impacto de la corrupción en los riesgos contemplados en la ESN, se considera oportuno tratar conjuntamente el que se corresponde con la desinformación y la polarización, por cuanto influye dramáticamente en el deterioro de la cohesión, haciendo a la sociedad más vulnerable a las amenazas híbridas e injerencias extranjeras, el otro de los riesgos considerados. Si algo resulta evidente es la fuerte polarización que existe en España, fruto del deterioro ideológico y democrático de la mayoría de los partidos políticos, situación, por otra parte, de la que nuestro país no puede ser considerado una excepción en Europa.
Y así llegamos al último de los riesgos considerados, el debilitamiento institucional. También en este asunto se aprecia un retroceso en España, especialmente en lo que se refiere a la separación de poderes, la cual se podría considerar más difusa de lo que era hace tan solo un par de lustros. Una de las consecuencias más preocupantes, desde el punto de vista político, ha sido la subordinación de la dinámica parlamentaria al poder ejecutivo, justificado en ese momento por una emergencia nacional, pero que años después, el gobierno sigue teniendo una influencia notable sobre el Congreso. Por otra parte, al poder judicial, el tercero de los poderes del Estado, hay que reconocerle un auténtico esfuerzo por mantener su independencia, algo no siempre fácil y lleno de obstáculos como son las tensiones competenciales entre órganos jurisdiccionales, como es el papel unilateralmente asumido por el Tribunal Constitucional como órgano de casación. Este debilitamiento institucional está mostrándose mucho más evidente y peligroso en los últimos meses, cuando altos representantes políticos e instituciones están inmersos en procesos judiciales por corrupción.
Con todo, España continúa siendo una democracia consolidada y un Estado funcional, alejado de escenarios de corrupción sistémica o fragilidad estructural, en buena parte por sus bajos niveles de impunidad. Sin embargo, la evolución observada en determinados indicadores institucionales, el deterioro de la percepción pública sobre la integridad de las instituciones y el incremento de la polarización política constituyen señales de alerta que no deberían ser ignoradas. La fortaleza de un Estado democrático no depende únicamente de su capacidad coercitiva o de sus recursos económicos, sino también de la confianza de la sociedad en la imparcialidad de sus instituciones y en la vigencia efectiva del Estado de derecho. Es precisamente esa confianza la que la corrupción y la impunidad erosionan de manera silenciosa pero progresiva.
Conclusiones.
Para cerrar este estudio sobre un tema tan preocupante en un momento histórico de gran trascendencia en el que nuestras sociedades se encuentran inmersas en un profundo cambio, propongo las siguientes conclusiones sobre este fenómeno de gran trascendencia:
- La corrupción no debe ser entendida únicamente como un problema ético o judicial, sino como un fenómeno capaz de afectar a la resiliencia institucional y, con ello, a la Seguridad Nacional.
- El verdadero impacto estratégico de la corrupción no reside exclusivamente en las conductas ilícitas aisladas, sino en la percepción social de impunidad y en la incapacidad del sistema para corregirlas eficazmente.
- La corrupción actúa como un factor multiplicador de los riesgos identificados por la Estrategia de Seguridad Nacional, especialmente en ámbitos como el crimen organizado, las amenazas híbridas, la desinformación o el debilitamiento institucional.
- España no presenta actualmente niveles de corrupción propios de un Estado frágil o estructuralmente corrupto, pero el deterioro experimentado en determinados indicadores institucionales y de percepción pública aconseja abordar el problema desde una lógica preventiva y estratégica.
[1] En el caso del Índice de Fragilidad de los Estados de Fund for Peace, los puestos altos indican una mayor fragilidad
