La entrada masiva en Ceuta. La migración como instrumento de presión estratégica

La actualidad recomienda que oriente este espacio divulgativo a aportar algunas consideraciones sobre unos hechos que, una vez más, son determinantes para la seguridad nacional española. Me refiero a los acontecimientos registrados estos días en Ceuta, los cuales constituyen uno de los episodios más graves vividos en la frontera sur española desde la crisis de 2021. La magnitud de la entrada irregular de ciudadanos marroquíes obliga a preguntarse si nos encontramos únicamente ante una crisis migratoria o ante un episodio de competencia estratégica. Como punto de partida a los juicios que voy a verter en estas líneas, considero oportuno hacer notar que este artículo no es un simple análisis de una situación, sino que se trata de un documento de opinión que trata de hacer una descripción de la realidad que estamos viviendo en la ciudad española de Ceuta.

El pretendido realismo argumental del artículo se sustenta en los tres pilares básicos que desarrollaré a continuación. El primero, tiene que ver con la naturaleza política del Reino de Marruecos y su compleja relación con España, la que bien podría calificarse como ambivalente en la medida que este término apunta a una combinación de ciertos intereses comunes y de profundas divergencias. Un segundo punto, es el que tiene que ver con el fenómeno migratorio en sí mismo, sobre el que es necesario enfocarlo desde una perspectiva que vaya más allá de la emergencia humanitaria para relacionarlo con la seguridad nacional, enmarcándolo en los conflictos de zona gris. Y, tercero, pero no menos importante, en la ausencia de unas políticas coherentes por parte del Gobierno de España, quien, no lo olvidemos, es el primer responsable de la protección de nuestras fronteras, que son también las de Europa, y de la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Entrando en el primero de los puntos propuestos, conviene puntualizar que Marruecos, es un Estado muy alejado de los estándares democráticos, cuya jefatura la ostenta una monarquía absoluta que controla todas sus instituciones. De hecho, como exponía en mi artículo “El retroceso democrático como factor de inseguridad internacional”, esta nación pertenece al modelo de las autocracias electorales, donde sí se desarrollan elecciones, pero sin las debidas garantías democráticas[1].  El reino alauí[2] ocupa un lugar intermedio en el Índice de Fragilidad de los Estados de la organización Fund for Peace, siendo en el pasado año el número 84 de los 179 evaluados, pero más allá del este dato es que esta organización lo incluye en el grupo de los “warning”[3]. Se trata, pues, de un Estado con notorias debilidades institucionales con unos altos índices de corrupción y connivencia con la delincuencia organizada, en particular con los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas y de personas, estando estos últimos especialmente vinculados a la migración irregular. Por otra parte, los evidentes desequilibrios sociales que caracterizan al pueblo marroquí son utilizados torticeramente por los dirigentes del país para gestionar sus intereses, comportamiento que caracteriza a los gobernantes de los Estados débiles.

La relación entre estos dos países ribereños del Mediterráneo es de gran complejidad y, por tanto, debe evitarse caer en simplificaciones a la hora de valorarlas, de lo contrario la realidad quedaría sensiblemente distorsionada. Conviene puntualizar la inexistencia de un entorno de confianza y colaboración, aún en asuntos en los que podrían existir intereses convergentes, pero tampoco se puede considerar que aquella se ajuste a una confrontación permanente. Así pues, las relaciones podrían ser descritas como ambivalentes, en el sentido de que éstas combinan simultáneamente cooperación en algunos ámbitos de interés mutuo y, a la vez, se manifiestan en una competencia estratégica y desacuerdos persistentes sobre cuestiones esenciales para ambos Estados. Se trata pues de una relación en la que la interdependencia económica, la colaboración en materia de seguridad y la vecindad geográfica obligan a mantener cierto nivel de cooperación, al tiempo que subsisten contenciosos territoriales, divergencias geopolíticas y episodios recurrentes de tensión diplomática, todos ellos enmarcados en un modelo de crisis construida, entendiendo por tal aquella que se van construyendo lentamente, bien por una falta de reacción inicial, bien por no abordar el problema en toda su complejidad, o bien por un agravamiento del contexto en el que se materializan.

Antes de seguir avanzando quisiera matizar que la ambivalencia no representa una condición sine qua non en relación con la alternancia entre cooperación y conflicto, sino la coexistencia de ambas dinámicas de manera simultánea. Es decir, en la mayoría de los casos los mismos factores que hacen imprescindible la colaboración entre España y Marruecos generan también espacios de fricción y competencia. De acuerdo con esta afirmación, podemos encontrar dos grupos de asuntos que conforman esta ambigua relación. En primer lugar, existen una serie de asuntos en los que se manifiestan profundas divergencias como es el caso del Sáhara y de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla,[4] sobre el primero de ellos el actual gobierno de España cambió inopinadamente, y sin los informes preceptivos a las Cortes Generales, la neutralidad que había mantenido desde su independencia en 1975. En cuanto a las plazas de soberanía española en el Norte de África, el monarca alauita alienta unas políticas orientadas a alterar el statu quo, como son los asaltos fronterizos como el que estamos viviendo estos días o como fuera la ocupación del islote Perejil en 2002, con dispar respuesta del gobierno de España, desde la inacción o dejación de funciones como fueran los asaltos de 2021 y este último sobre Ceuta o la firme resolución que en su día mantuvo el Presidente Aznar ante la ilegal ocupación del citado peñón norteafricano, enviando a las autoridades marroquíes un mensaje claro de no ceder a la presión marroquí.

Un segundo grupo de asuntos lo constituyen aquellos en los que se aprecia la existencia de intereses compartidos en ambos países. Uno de ellos es el terrorismo, si bien es cierto que ha existido una colaboración entre España y Marruecos en la lucha contra los grupos terroristas yihadistas, no se debe olvidar el nada claro papel que jugo este último país en los atentados terroristas de Madrid en marzo de 2004. Otra de las cuestiones que conforman este grupo es el que tiene que ver con el crimen organizado transnacional, en particular con el narcotráfico, sobre el que las políticas del país norteafricano son una manifestación de su propia debilidad como Estado y en las que la colaboración con España puede ser calificada, siendo prudente, como muy limitada.

Si nos referimos al fenómeno migratorio, éste bien podría ser considerado como el más complejo de los desafíos a los que, teniendo su origen en Marruecos,  se enfrenta España. Por una parte, la colaboración es limitada y siempre interesada, no olvidemos que el territorio alauita se encuentra en el centro de las rutas que desde la franja subsahariana y el Golfo de Guinea se dirige a España, y, en consecuencia, precisa una cierta colaboración con las autoridades españolas. Pero, por otra, no se debe dejar de lado que Marruecos es el punto de partida de buena parte de la inmigración con destino a Europa, en la que el corredor español es fundamental.

Es precisamente el fenómeno migratorio el que nos abre la puerta al segundo de los pilares que sostienen el argumentario de este artículo. A este tenor, comenzaremos afirmando que la seguridad frente al fenómeno migratorio (irregular) solamente es posible si se cuenta con una adecuada aplicación del poder del Estado para garantizar el orden institucional y público, y a la vez que se trata de garantizar la emancipación de las personas, lo que supone la estricta observancia de los derechos humanos y la consecución de una situación aceptablemente justa, evitando la aparición de posiciones excluyentes y extremistas. Asimismo, se debiera aceptar como una condición irrefutable que la migración representa en sí misma un riesgo para la Seguridad Nacional y, por ello, el Estado debe aplicar todas sus capacidades para salvaguardar su soberanía, su integridad territorial y la estabilidad de sus estructuras estratégicas frente a dinámicas que, por su magnitud o instrumentalización, puedan afectar a sus intereses fundamentales, entre las que se encuentra la migración sin el debido control. En consecuencia, la centralidad del Estado en la gestión de la seguridad migratoria sigue siendo fundamental para gestionar el fenómeno migratorio; su capacidad para controlar las fronteras, garantizar el Estado de derecho y articular las políticas de integración constituye un elemento esencial para preservar la estabilidad del sistema político y social.

Centrándonos en los hechos que se están viviendo en Ceuta en estos últimos días, a pesar de que son considerados como una crisis migratoria, desde mi punto de vista, poco o nada tiene que ver con la migración la vulneración de la frontera española en Ceuta por parte de entre 45.000 y 60.000 personas, según las fuentes, procedentes de Marruecos, más debieran ser interpretados como una manifestación propia de los conflictos de zona gris en los que la migración es utilizado como un vector de competencia.

Llegados a este punto hagamos una sucinta precisión sobre un término que, desde mi opinión, se está utilizando inadecuadamente en estos días, asimilando la crisis de Ceuta a una guerra híbrida, la cual debiera ser entendida como una evolución del fenómeno bélico en el que la lucha se manifiesta simultáneamente en diferentes ámbitos (terrestre, marítimo, aeroespacial, ciberespacio) y combinando diversos medios y procedimientos. En este contexto se puede enmarcar la guerra en Irán o en Ucrania, e incluso con la que Rusia enfrenta a la OTAN. Pero la crisis generada por Marruecos en Ceuta no se corresponde exactamente con un episodio bélico, sino que forma parte de algo más amplio como es la conflictividad en zona gris en la que se superponen cooperación y conflictividad, recurriendo a la utilización de determinadas formas de acción que pretenden desestabilizar al adversario y debilitarle estratégicamente.

No obstante, sobre esta última precisión, y a pesar de no estar ante un escenario de guerra híbrida, estimo pertinente hacer una breve comparación entre las Fuerzas Armadas de España y Marruecos. La comparación militar entre ambos países ofrece una imagen más profunda que la simple confrontación de presupuestos o plataformas. España mantiene una superioridad estructural sustentada en una economía de mayor tamaño, unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, una industria de defensa avanzada y su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea. Esta posición se manifiesta particularmente en los ámbitos naval, aéreo, espacial, logístico, tecnológico y de mando y control. Marruecos, por su parte, ha desarrollado durante la última década una política de modernización militar acelerada, selectiva y sostenida. Dispone además de una fuerza terrestre más numerosa, un sistema de reserva más amplio y un modelo mixto que combina profesionales y servicio militar obligatorio.[5]

La estrategia marroquí parece orientada a reducir determinadas vulnerabilidades con España, sino y obtener capacidades de disuasión en ámbitos concretos como son la defensa aérea, la utilización de drones, la inteligencia, los sistemas de vigilancia y control territorial, apoyándose para ello en una red diversificada de socios, entre los que destacan Estados Unidos, Francia e Israel.[6] Si bien la brecha militar general continúa favoreciendo de forma clara a España, especialmente si se considera el efecto multiplicador de su pertenencia a la OTAN,[7] esta superioridad no debiera interpretarse como estática ni homogénea. La principal transformación de la última década no consiste, por tanto, en una inversión del equilibrio militar, sino en una disminución de la asimetría, especialmente en algunos dominios.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se podría inferir que el Rey de Marruecos, en su condición de líder supremo religioso y político de Marruecos, tiene como uno de sus objetivos estratégicos la cesión por parte de España de sus plazas de soberanía. En la consecución de este objetivo, consciente de su inferioridad operacional, sus líneas de acción pasan por crear situaciones de crisis con la doble intención de medir la voluntad y capacidad de respuesta española y mantener esta reivindicación en el foco mediático internacional, siendo una de ellas la utilización de su propia población para enfrentar el orden establecido, aún a costa de la pérdida de vidas humanas que este tipo de medidas puedan suponer, como de hecho ha sucedido en estos días en las aguas fronterizas entre España y Marruecos.

Como tercer pilar argumental del artículo, para comprender en toda su amplitud la invasión del territorio español en la ciudad de Ceuta se precisa hacer algunas precisiones sobre la posición de España en su relación con los intereses estratégicos de Marruecos. Si bien antes de formularlas conviene poner en contexto el comportamiento recurrente de las autoridades de ese país para explotar convenientemente para sus intereses las debilidades que muestra su vecino al norte del Mediterráneo, como hiciera en 1975 lanzando la “marcha verde” en un momento crítico para España, estando moribundo el entonces Jefe del Estado, Francisco Franco; o cuando en el año 2002 en pleno órdago del Lendakari Ibarretxe al gobierno español, invadió el islote de Perejil; o en el año 2021, tras el robo de la información del teléfono del presidente de gobierno, coincidiendo con el cambio político de España sobre la autonomía del Sáhara, impulsó el asalto masivo a las fronteras de Ceuta y Melilla. En las tres ocasiones citadas la respuesta española fue diferente, en el primer caso dio lugar a la retirada de la provincia española del Sáhara, dando lugar a un territorio autónomo bajo la tutela de la ONU, lo que, al fin y a la postre, no se ajustaba a las pretensiones de Marruecos que buscaba su anexión. En el segundo caso, España reaccionó de manera contundente y expeditiva, lanzando una acción militar para recuperar el statu quo del peñón ocupado. Pero en el tercero de los acontecimientos citados, a diferencia de los anteriores, se produjo una cesión sin condiciones a favor del gobierno marroquí, quien desde entonces ha venido manteniendo el tempo en las rutas migratorias que desde Marruecos se dirigen hacia España.

En esta ocasión, Marruecos ha cruzado una línea roja, no en vano las autoridades de ese país, comenzando por su monarca, han facilitado, cuando no planeado, la invasión del territorio español. Simplificar el hecho de que 60.000 personas hayan cruzado ilegalmente la frontera española en Ceuta por la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la limitación a las devoluciones de migrantes de manera inmediata es no querer asumir la realidad; ésta bien podría ser una causa u factor desencadenante, pero el origen de la crisis se motiva en los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, y el momento en el que se desencadena pretende, sin lugar a dudas, aprovechar uno de los momentos de mayor debilidad política española. Esta evidente vulnerabilidad que no hace sino abrir una ventana de oportunidad a las políticas revisionistas marroquíes se sustenta en primer lugar, en el hecho de tener un gobierno liderado por un partido, el PSOE; que, sin ganar las últimas elecciones generales de julio de 2023, alcanzó un frágil acuerdo de investidura a costa de cesiones a los partidos independentistas y que al poco tiempo han ido abandonándole a su suerte; un gobierno que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en los tres años de esta legislatura, con las consecuencias negativas que esto supone para el conjunto de las políticas del Estado; y un ejecutivo y el partido que lo dirige sumido en una corrupción institucional sin precedentes en España y que está afectando gravemente a la institucionalidad del Estado.

Como adenda a lo anterior cabe resaltar la oportunidad que está encontrando Marruecos en la inconsistente política exterior de nuestro gobierno, la cual nos está alejando cada vez más de los que debieran ser nuestros socios naturales, los países europeos, quienes perciben como un verdadero riesgo las políticas emprendidas por el gobierno de Sánchez, en particular en lo que se refiere al tema migratorio, no en vano España forma parte de la frontera sur de Europa. El enfrentamiento abierto con potencias con gran influencia en la región como son Estados Unidos e Israel, al tiempo que muestra su cercanía a regímenes alejados de los estándares democráticos occidentales, está alterando notablemente nuestra influencia regional y global.

Conforme al orden de ideas reflejado en estas páginas, llega el momento de formular algunas conclusiones al respecto de la invasión de la ciudad española de Ceuta.

• La entrada masiva e ilegal de miles de ciudadanos marroquíes en la ciudad española de Ceuta no puede interpretarse únicamente como una crisis migratoria o humanitaria. Todo apunta a que se trata de una invasión del territorio nacional[8], auspiciada y posiblemente planeada por las altas instancias alauitas, con la clara intención de evaluar la determinación española sobre Ceuta y Melilla, utilizando para ello a miles de personas que han arriesgado su vida, de hecho, se estiman en 90 las muertes en este episodio.

A la vista de las imágenes que se han podido ver en todo el mundo la mayoría de los marroquíes eran jóvenes varones (muy pocos menores entre ellos) que en su inmensa mayoría no reflejaban una verdadera intención de inmigrar a nuestro país, como se ha puesto de manifiesto tras el repliegue al otro lado de la frontera de la mayoría de los asaltantes, lo que podría alimentar la idea especulativa de que al menos una parte importante de estas personas formaran parte de los ejércitos marroquíes. Pero más allá de esta conjetura, por sus características, dimensión y grado de instrumentalización política, constituye un episodio de competencia estratégica en el marco de los conflictos de zona gris.

• Se ha puesto en peligro a ciudadanos españoles sin contar con el apoyo explícito del gobierno de la nación. La respuesta del gobierno ha sido tardía e ineficiente. No se tomaron oportunamente las labores preventivas pertinentes a pesar de que la amenaza de una avalancha sobre la frontera parecía evidente: no se tomaron medidas disuasorias con la presencia preventiva de las Fuerzas Armadas, las FCSE no contaron con los medios adecuados ni se fortaleció el control de fronteras, y no se adoptaron las provisiones para modificar la Ley de Extranjería que daba pie a la citada sentencia del TS.
• Falta de transparencia y de respuesta ante situaciones de crisis. Existen indicios consistentes que a pesar de la información que obraba en poder del CNI y el CIFAS, la cual, sin duda, fue oportunamente difundida por los canales correspondiente, el gobierno de España no tomó acción alguna. Una vez desencadenada la crisis, el ejecutivo español ha estado actuando sin iniciativa, lo que, lo que ha provocado no solamente que no fuera mitigada en sus inicios, sino que ha ido agravándose en los días sucesivos.
• Alejamiento de las políticas comunitarias. Las iniciativas legales que venido adoptando el gobierno español en materia migratoria en los últimos meses está generando inquietud, y en ocasiones rechazo ,en el seno de la Unión Europea. Como ejemplo de ello se podría citar la regulación de inmigrantes con unos plazos de tiempo de permanencia en el país muy reducidos, además de la permisividad en la acreditación de sus antecedentes penales, o la conocida como “ley de nietos” , tras las cuales se identifica una clara intención electoralista.
• Sumisión del gobierno español a los intereses estratégicos de Marruecos. Una vez más se ha demostrado que la falta de consistencia de la diplomacia española frente a la del país vecino. A pesar de que la crisis auspiciada por las autoridades alauitas puede ser considerada en líneas generales como un cálculo erróneo por cuanto no solo no ha contribuido a alcanzar ningún objetivo estratégico, sino que al repliegue de la inmensa mayoría de los asaltantes de la ciudad española de Ceuta hay que añadir la pérdida de unas 100 vidas humanas, a falta de datos confirmados

A estas conclusiones añadimos una reflexión final sobre la necesidad ineludible de construir una firme voluntad de defensa como único camino para mantener la soberanía nacional española y su integridad territorial. Lo que tiene que traducirse en la adopción de unas políticas consensuadas con los diferentes partidos y con el sustento de la sociedad española y armonizadas con nuestros socios europeos.

[1] https://www.elconsistorio.es/el-retroceso-democratico-como-factor-de-inseguridad-internacional/

[2] Término con el que se refiere a Marruecos por la dinastía de los monarcas de ese Reino que pertenece al Alauismo, rama de la comunidad Chií, que junto a la Suní conforman las dos principales confesiones de la religión musulmana

[3] Países que muestran fisuras institucionales o tensiones sociales evidentes, pero que mantienen cierta capacidad de gestión gubernamental.

[4] Para Marruecos, ciudades ocupadas

[5] Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en su documento “Trends in world military expenditure 2025”, Entre 2016 y 2025 España aumentó su gasto nominal aproximadamente un 187%, desde 14.000 hasta 40.200 millones de dólares, mientras que Marruecos lo hizo alrededor de un 90%, desde 3.300 hasta 6.300 millones. Es decir, el gasto acumulado español durante el decenio fue de unos 213.500 millones de dólares, frente a aproximadamente 46.400 millones de Marruecos, o lo que es lo mismo España ha gastado unas 4,6 veces más en Defensa. Durante prácticamente todo este periodo, Marruecos dedicó a defensa entre el 3% y el 4% de su PIB, mientras España se mantuvo alrededor del 1,1-1,5 % hasta el salto de 2025 que alcanzó el 2,1%

[6] De estos tres países citados hay que llamar la atención de que, a excepción de Francia, el actual gobierno español ha deteriorado sensiblemente la relación con ellos.

[7] La pertenencia a la OTAN no es, al menos en principio, una garantía del compromiso de los aliados en el caso de una intervención armada en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y las islas de soberanía en el norte de la costa africana por estar fuera del espacio que se define en el Tratado del Atlántico Norte.

[8] De acuerdo con las cifras de diversas fuentes, se estiman en 60.000 los asaltantes de la frontera española de Ceuta. Lo que supone los 2/3 de la población de esta ciudad

Jesús de Miguel Sebatián

Analista Seguridad Internacional

Socio fundador de TWCI y experto en inteligencia estratégica. Con una destacada trayectoria militar internacional en Bosnia, Irak y Afganistán, ha sido Agregado de Defensa en México y directivo de seguridad en el sector privado. Actualmente es docente universitario y consultor especializado.